Nicolás Maduro ha anunciado este lunes una reforma del Poder Judicial en Venezuela. En una sesión del Consejo de Estado. El presidente comisionó a su esposa, Cilia Flores, y al número dos del chavismo. El diputado Diosdado Cabello, para emprender una “revolución profunda y acelerada” del sistema judicial. “En Venezuela hace falta una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme todo el sistema de justicia del país”, afirmó en un acto transmitido por el canal estatal VTV. En los primeros 60 días, esta comisión deberá presentar propuestas para solucionar el hacinamiento en las cárceles del país, según explicó Maduro.
Cabello, que habitualmente hace acusaciones a opositores desde su programa de televisión que terminan en encarcelamientos arbitrarios. Se comprometió a vaciar en un mes los calabozos policiales, cuyos detenidos casi igualan a la población que está en cárceles formales. En peores condiciones de reclusión —sin alimentación ni acceso a agua potable y servicios médicos— y mayor hacinamiento. En Venezuela, hay algo más de 37.000 presos en 52 prisiones, pero la capacidad es para 26.000. “Asumimos esta responsabilidad como un necesario estremecimiento del Poder Judicial. Ha mejorado sustancialmente pero no lo necesario”, señaló Cabello tras su designación.
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La medida es una nueva respuesta política del chavismo a dos de los golpes más duros que ha recibido en los últimos años. Las denuncias ante la Corte Penal Internacional, que ha acumulado evidencias en su examen preliminar de que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad, y los informes de la Alta Comisionada para Naciones Unidas Michelle Bachelet sobre las graves violaciones de derechos humanos que se comenten en Venezuela.
En su reporte de julio de 2020, precisamente ha recogido la falta de independencia del sistema judicial, sometido al Poder Ejecutivo —al igual que la comisión que ahora lo reformará— “al punto de que los jueces no toman decisiones sin consultar sus fallos con los presidentes de los Circuitos Penales”.
Este martes, la Comisión Internacional de Juristas de América Latina presentó un informe sobre Venezuela en el que denuncia nuevamente la parcialidad del Poder Judicial desde su máximo estrado, controlado políticamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela que operativamente dirige Cabello como vicepresidente. “Hoy, en Venezuela, el derecho a la justicia no está garantizado, en la medida en que no tenemos un sistema de jueces independientes e imparciales”, dijo el vicepresidente de la CIJ, Carlos Ayala Corao, durante la presentación del informe.
“El deterioro de la independencia judicial repercute en la falta de rendición de cuentas de los funcionarios públicos y debilita la lucha contra la impunidad. Lo que a su vez vulnera los derechos de las víctimas. Además, dado el control que ejercen los miembros del Gobierno sobre el Poder Judicial. Los jueces no solo son incapaces de proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de la represión derivada de motivaciones políticas, sino que el Poder Judicial, en muchos casos, ha sido utilizado como herramienta de represión contra los disidentes”, se lee en el informe.
