La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión trascendental el 30 de junio de 2026 al rechazar un intento del expresidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento. En una votación que reflejó un inusual consenso, seis jueces –tres conservadores y tres progresistas– se unieron para anular un decreto firmado por Trump el 20 de enero de 2025, que tenía como objetivo restringir la ciudadanía de los hijos nacidos en el país de padres inmigrantes en situación irregular.
El fallo de la Corte establece que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal son ciudadanos desde su nacimiento, según lo estipulado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Esta enmienda, adoptada en 1868, fue diseñada para garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes, y su interpretación actual reafirma que estos niños están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
La noción de “derecho de suelo” prevalece en numerosas naciones occidentales, donde un bebé recibe automáticamente la nacionalidad del país en el que nace, aunque algunas naciones tienen restricciones. El expresidente Trump, tras conocer la decisión, expresó su desacuerdo y apeló al Congreso –controlado por los republicanos– para que impulse legislación que limite la ciudadanía por nacimiento, reflejando su preocupación por el fenómeno del “turismo de nacimiento”. Este término se refiere a la práctica de mujeres extranjeras que dan a luz en suelo estadounidense y regresan a su país con un bebé que posee pasaporte estadounidense.
En un giro más amplio de los acontecimientos, Trump ha enfrentado recientemente múltiples reveses en la Corte Suprema. Entre ellos, se destaca una resolución que avala el fallo de la corte por agresión sexual en su contra, dictado por la demanda de Jean Carroll, que le ordenó pagar cinco millones de dólares. Asimismo, la Corte permitió el conteo de votos por correo un día después de las elecciones, una medida opuesta a los deseos de Trump, y no le permitió despedir de manera sumaria a la gobernadora de la Reserva Federal.
Este contexto resalta la creciente tensión entre la visión migratoria de Trump y las decisiones judiciales que continúan defendiendo ciertos derechos básicos en el entramado constitucional de Estados Unidos. La lucha por la inmigración y los derechos de nacimiento continúa, y se prevé que el debate se intensifique en el Congreso en los próximos meses.
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