El 16 y el 17 de enero de 2012 una coalición de rebeldes tuaregs y grupos yihadistas atacaba las ciudades de Menaka, Tessalit y Aguelhok, en el norte de Malí. Se cumple una década del inicio de un conflicto que hoy se extiende por el Sahel central y que ha provocado una de las peores crisis a las que se enfrenta el continente africano, con 25.000 muertos, según José Luengo-Cabrera, analista de datos especializado en África occidental, y 2,5 millones de desplazados, según Acnur.
El constante avance del yihadismo pese a la robusta intervención francesa, mediante una Operación Barkhane en plena reducción de efectivos, y las turbulencias políticas internas de Malí, donde gobierna el coronel Assimi Goïta tras el golpe de Estado de 2020, han abierto la puerta a una mayor presencia militar de Rusia, convirtiendo el Sahel en el último escenario del forcejeo entre un Moscú que quiere ganar músculo en África y una Unión Europea que se resiste a perderlo.
El último capítulo de esta pugna se vivió la semana pasada con el anuncio de la retirada de Malí de un centenar de soldados daneses desplegados en el marco de Takuba, una fuerza europea de apoyo a Barkhane. La junta militar protestó de manera airada por un despliegue que, según dijo el Gobierno en un comunicado, no había contado con su beneplácito y exigió su abandono del territorio maliense. Cuatro días más tarde, Jeppe Kofod, ministro danés de Exteriores, anunció la salida de sus tropas. “Los generales golpistas ―en un sucio juego político― han retirado la invitación que nos hicieron porque no quieren un plan rápido para volver a la democracia”, aseguró.
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Los países occidentales y Francia en particular han reaccionado enérgicamente a este hipotético despliegue, amagando con romper toda colaboración militar con las autoridades de Bamako. Hace apenas un mes, la UE aprobó sanciones contra esta compañía, a la que acusa de violaciones de derechos humanos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y saqueo de recursos naturales.La ONU tiene desplegada una misión en Malí con más de 18.000 efectivos, entre ellos 15.000 soldados y policías.
España mantiene una posición mucho más moderada. La ministra de Defensa, Margarita Robles, expresó hace diez días en un encuentro con periodistas en Madrid la apuesta del Gobierno por la continuidad de la misión europea de formación al Ejército maliense (EUTM) en la que España aporta unos 550 militares, algo más de la mitad del total. La ministra, quien aseguró que “no hay constancia” de la presencia de mercenarios de Wagner en Malí, pero sí de militares rusos, hizo alusión a una especie de “síndrome de Afganistán” e insistió en que “la UE es consciente de que cualquier retirada del Sahel es dejar el espacio libre a Rusia y China”. España se ha negado hasta ahora a aportar tropas a la fuerza europea Takuba, pero colabora con Barkhane en apoyo logístico mediante la Operación Marfil.
La cooperación y amistad entre Rusia y Malí no es nueva y data de la época de la Unión Soviética, que en el ámbito militar ha continuado tanto en formación como en venta de armas y equipamiento. Sin embargo, dicha colaboración se ha intensificado después del golpe de Estado de agosto de 2020.
Repliegue francés
Esta reactivación de las relaciones ruso-malienses coincide con la reducción de la fuerza militar que ha liderado la estrategia antiterrorista en el Sahel hasta ahora, la Operación Barkhane liderada por Francia. La entrega de tres bases al Ejército de Malí en el norte del país y la reducción de 5.500 a 4.800 efectivos por ahora, con la intención de que no superen los 3.000 en 2023, son la prueba de dicho repliegue anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, a mediados de 2021. Este reajuste de Barkhane, además, se produce tras nueve años de intervención militar sin victorias claras que han provocado un recrudecimiento del rechazo a la presencia francesa en la región, como se pudo comprobar con el convoy militar bloqueado por manifestantes en Burkina Faso y Níger, y se siente en las protestas que estallan periódicamente en Bamako, Niamey o Uagadugú.
Este viernes, la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) que reúne a los 15 países de la región y aprobó hace tres semanas una batería de durísimas sanciones contra Malí que incluyen cierre de fronteras y congelación de toda la ayuda económica, volvió a acusar a la junta militar de intentar mantenerse en el poder a toda costa, saltándose la fecha pactada de febrero para celebrar elecciones y devolver el poder a los civiles, una decisión que la Cedeao considera inaceptable. Los dirigentes regionales aseguran que están a la espera de un calendario “razonable y realista” para modificar las sanciones dictadas contra Malí.
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