La jueza nicaragüense Nalia Nadezha Úbeda Obando, titular del juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, envió a juicio oral la causa contra cuatro sacerdotes católicos para responder por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, asimismo, mantuvo la prisión preventiva a los acusados que están encarcelados desde el 19 de agosto pasado.
Los cuatro sacerdotes, más dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa (norte de Nicaragua), serán sentados en el banquillo de los acusados el 1 de diciembre próximo, según el acta de celebración de audiencia inicial publicada en línea por el Poder Judicial.
Asimismo, la judicial no dio lugar a los incidentes de nulidad promovidos por los abogados defensores, tampoco mandar la causa al juez de Matagalpa donde fueron detenidos, y rechazó que hayan sido arrestados ilegalmente sin orden de allanamiento y fuera de horario.
La defensa sostuvo que el artículo 217 del Código Procesal Penal establece un horario de las 06.00 horas a las 18.00 horas para los allanamientos y registros de propiedad, y que los imputados fueron detenidos en la madrugada, sin orden judicial, sin existir flagrancia delictiva, ni estado de necesidad.
Además argumentaron que a los procesados se les celebró una audiencia especial de garantías constitucionales 48 horas después de haber sido detenidos, incumpliendo con el plazo, y se basaron en un comunicado de la Policía Nacional que informó sobre la detención de los religiosos el 19 de agosto pasado.
¿Qué le pasó a los sacerdotes de Nicaragua?
El grupo de religiosos y laicos, junto al obispo Rolando Álvarez, fueron sustraídos la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal de la diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados, y desde entonces se encuentran en la cárcel policial “El Chipote”, oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, con excepción del obispo.
Álvarez, de 55 años y obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y quien se encuentra desde entonces bajo “resguardo domiciliar” en Managua, según la Policía Nacional, no ha sido formalmente acusado.
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, acusa al jerarca y a sus colaboradores de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
Hace dos semanas, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una “dictadura” y una “tiranía perfecta” y de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.
El arresto de Álvarez y otros siete sacerdotes, incluido los cuatro procesados, es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de “golpistas” y “terroristas” a los jerarcas.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
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