El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, defendió este jueves en Washington la polémica reforma de la Guardia Nacional, que reforzará el papel del Ejército en las tareas policiales y que ha recibido numerosas críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Este cuerpo, ha asegurado, mantiene “estándares muy altos” en el respeto de los derechos y las libertades y las quejas presentadas en su contra son mucho menores que los de otros organismos de las fuerzas de seguridad mexicanas.
“Hasta ahora las fuerzas armadas habían participado de manera intermitente [en las tareas para hacer cumplir la ley] pero sin autorización legal para hacerlo, y estaban implicadas de manera poco transparente. Hemos creado una Guardia Nacional que está bajo el mando del secretario de Defensa Nacional porque nadie quiere ninguna ambigüedad”, indicó el canciller, que recordó el caso del antiguo jefe de la Policía Federal Iván Reyes Arzate, condenado en Nueva York a diez años de prisión por colaboración con el narcotráfico. “Nadie quiere que eso se repita en el futuro”.
Ebrard hablaba en una rueda de prensa en el Departamento de Estado junto a su homólogo estadounidense, Antony Blinken, y otras autoridades de los dos países, después de que se celebrara una sesión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad para evaluar la aplicación del Entendimiento Bicentenario. El Entendimiento es la estrategia de seguridad acordada por los dos países en 2021 y que sustituye a la Iniciativa Mérida, más centrada en un enfoque militar.
Que la Guardia Nacional, formada principalmente por militares, vaya a desempeñar tareas policiales, subrayó, “no implica que vayan a ocurrir abusos de los derechos humanos”. México, insistió, “tiene uno de los sistemas más garantistas del mundo judicialmente hablando”. Y el cuerpo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene “estándares muy altos” sobre derechos humanos.
Ebrard defendió igualmente la gestión de su Gobierno en lo que respecta a la violencia contra periodistas en México, donde en lo que va de año han sido asesinados al menos trece reporteros. El canciller insistió en que “no hay impunidad” y “todos los casos se están investigando. “Eso antes no ocurría”, precisó, al asegurar igualmente que su Gobierno está “investigando a los desaparecidos por primera vez”.
Pese a los llamamientos a la tranquilidad del Gobierno mexicano, la presencia militar en la Guardia Nacional al menos hasta 2028 ha suscitado una gran preocupación entre la sociedad civil mexicana y las ONG. Apenas horas antes de las declaraciones del canciller, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch había publicado una carta abierta, dirigida a Ebrard y Blinken, en la que denunciaba que “el Gobierno mexicano ha intensificado el despliegue militar para tareas policiales como su principal estrategia de seguridad”.
El traspaso a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) “deja a México sin una policía federal civil y deja las tareas de policía exclusivamente en manos de los militares. Ese paso contradice los estándares internacionales de derechos humanos y hace caso omiso de quince años de pruebas que demuestran el fracaso del despliegue del ejército como una estrategia contra la violencia. Las Fuerzas Armadas mexicanas han cometido numerosas violaciones de los derechos humanos en los últimos años, en general sin que se les haya hecho rendir cuentas”, denuncia HRW.
Sin embargo, preguntado si este tipo de medidas hacen dudar del compromiso de México con la democracia, Blinken se limitó a contestar con un sucinto “no”.
Las dos delegaciones quisieron subrayar la buena calidad de su relación durante la comparecencia, para alabar los logros obtenidos en el año de colaboración bajo el Entendimiento, en las áreas de la lucha contra la droga, el tráfico de armas y la inmigración irregular. En declaraciones al comienzo de la sesión, Ebrard había destacado la confiscación 32.000 armas de fuego, que sostuvo que ha ayudado a reducir en un 9% el nivel de homicidios en su país.
“Si estas 32.000 armas estuvieran en México, no tendríamos (esa) reducción . Esas 32.000 armas significan 17 millones de cartuchos, y cada cartucho puede matar a alguien en México. Es algo sumamente importante. No son cifras, son personas”, apuntó el canciller.
Por su parte, Blinken insistió en la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograr mejores resultados. El secretario de Estado puso especial énfasis en las medidas para combatir el tráfico de estupefacientes, especialmente el fentanilo. Solo el año pasado, destacó, unas 108.000 personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos. “Nuestra capacidad de proteger a nuestras respectivas poblaciones dependerá de nuestra colaboración efectiva”, apuntó.
Un día antes, los dos países habían anunciado un acuerdo para abordar el aumento de la inmigración venezolana. Como parte del pacto, Washington ofrecerá 24.000 visados a migrantes venezolanos, pero deportará a México a los que crucen la frontera de modo irregular.
La reunión de este jueves también llegaba horas después de que México, cuyo presidente se declara neutral en la guerra en Ucrania y ha propuesto un plan de paz, votara a favor de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condena la anexión ilegal rusa de cuatro provincias ucranias ocupadas. “Nuestra posición es que queremos una solución pacífica de la crisis, pero no apoyamos ninguna invasión de un país ni una anexión forzosa de territorio”, declaró el canciller mexicano.
Además de Blinken y Ebrard, participaron en la reunión de este jueves el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas; la secretaria mexicana de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; y los fiscales generales de Estados Unidos y de México, Merrick Garland y Alejandro Gertz Manero, respectivamente. También asistió, entre otros, el secretario mexicano de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
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