En un ambiente en que se manipula el lenguaje y se hacen afirmaciones falaces sin consecuencia, pareciera que se puede decir cualquier cosa y usar los términos a conveniencia, pasando por alto definiciones comunes y contextos sociales y culturales que les dan resonancias determinadas. Las definiciones, como la lengua, pueden cambiar pero usar a la ligera un término cargado políticamente, como “violencia política de género”, para descalificar a una instancia responsable de prevenirla o frenarla es, cuando menos, un despropósito.
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Éste es el caso, en mi opinión, de los reclamos contra el INE de Mariana Rodríguez, quien se quejó de “violencia política de género” por la multa que le impuso ese Instituto a Samuel García por no reportar lo que representa en dinero el activo apoyo de la “influencer” a su campaña. Con apego a las normas, parece evidente que cuando una persona con miles de seguidores, que suele cobrar por su trabajo publicitario y ha registrado su nombre como marca, promueve una candidatura, su figura pública no representa sólo a la persona individual sino también a la marca que ella misma ha registrado. Tanto el debate en el INE como algunas discusiones posteriores muestran, sin embargo, cómo se intenta manipular los factores de género en el ámbito político y desvirtuar términos derivados de la lucha feminista.
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Argumentar, por ejemplo, que la relación matrimonial justifica el apoyo de la cónyuge a la campaña del futuro gobernador apela a la imagen tradicional de la buena esposa solidaria que acompaña a su marido a sus actos públicos. Puede recordarnos a Angélica Rivera que, para apoyar a Peña Nieto, subió a la red videos que promovían una buena imagen del candidato y de su matrimonio de telenovela. Aunque actriz conocida, Rivera no era “influencer” ni hizo una campaña sistemática y, hasta donde sabemos, no había convertido su nombre en marca. En ambas campañas la imagen de la esposa –que ellas mismas usaron– puede haber contribuido a mejorar (o no) la del candidato, pero en el caso actual el asunto legal no remite al “amor” sino al valor monetario de esa publicidad favorable.
Puede ser criticable el INE pero acusarlo de “violencia política de género”, como lo ha hecho Rodríguez, es trivializar argumentos con que se denuncian la discriminación y la violencia en el ámbito político que padecen millones de mujeres en México. La VPG sólo se ha reconocido tras una larga lucha por los derechos de las mujeres en un sistema político machista que, pese a las cuotas y la paridad, sigue reproduciendo desigualdades de poder.
Victimizarse desde una situación de poder con argumentos que aluden a una desigualdad real sería sólo ridículo si no fuera porque la violencia política le ha costado la vida o la salud a más de una mujer que ha osado participar en política.
