Marina empleó fuerza desmedida contra pescadores.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido una recomendación a la Secretaría de Marina (Semar) tras evidenciar violaciones graves a los derechos humanos en un operativo de vigilancia marítima en Ahome, Sinaloa, que resultó en la trágica muerte de un pescador y en lesiones a otros dos, uno de ellos un adolescente.

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2023, cuando una embarcación de la Marina impactó a una panga pesquera en Las Lajitas. Este operativo, en el que también participaba la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), fue realizado con la intención de combatir la pesca ilegal en un periodo de veda. Sin embargo, el contacto entre las embarcaciones provocó la fatalidad.

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Durante el operativo, las autoridades navales detectaron varias embarcaciones supuestamente involucradas en la pesca de camarón en un tiempo prohibido. Al intentar intervenir, varias de ellas se retiraron al interior del estero. La investigación reveló que uno de los pescadores se lanzó al agua para escapar, mientras que otro se unió a él, alegando no tener identificación ni permiso de pesca. Un tercer pescador fue encontrado sin vida en la embarcación.

La situación escaló cuando, al intentar remolcar la panga para prestar asistencia, más de 30 embarcaciones emergieron del estero, y los tripulantes comenzaron a profiriendo insultos y portando palos contra los agentes. Frente a esta hostilidad, las autoridades decidieron retirarse para garantizar su seguridad.

La CNDH ha calificado la actuación de los marinos como desproporcionada e ilegal, señalando que no existía un motivo que justificara el uso de la fuerza letal contra los pescadores, quienes no representaban una amenaza. Según la Comisión, estos individuos fueron tratados como delincuentes sin ninguna base legal, como pesquisa o orden judicial previa.

A raíz de estos eventos, la CNDH exige a las autoridades competentes que se garantice una reparación integral del daño a las víctimas, se sancione a los responsables y se ofrezcan garantías de no repetición, enfatizando la gravedad de la situación.

Este lamentable incidente pone de relieve las tensiones en el ámbito de la pesca en México y las implicaciones del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en su intento de salvaguardar los recursos marítimos, así como la necesidad de un enfoque más humanitario y legal en tales operativos. La atención y respuesta a esta recomendación podrían marcar la diferencia en la relación entre las autoridades y la comunidad pesquera del país.

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