El exministro de Relaciones Sindicales y Gobernación (Interior) en los primeros gobiernos tras la muerte del dictador Francisco Franco, Rodolfo Martín Villa, ha decidido renunciar a la Medalla de Oro de Barcelona después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejara sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento de la capital catalana que en 2017 le retiró esa distinción. Fuentes próximas al expolítico leonés, de 87 años, afirman que en los próximos días devolverá al Consistorio el galardón, que le fue concedido en 1976 tras cesar como gobernador civil de Barcelona.
El pasado jueves, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la resolución del consistorio barcelonés que el 31 de marzo de 2017 retiró ese honor a Martín Villa. Aquella decisión política contó con los votos favorables de los comunes, Junts, ERC, PSC y la CUP. Ciudadanos se abstuvo y el PP, partido en el que sigue militando el exministro, votó en contra. Para quitarle la Medalla de Oro, el Ayuntamiento argumentó que esta le fue entregada días después de que “la policía franquista gaseara a un grupo de manifestantes encerrados en una iglesia de Vitoria, cuando (Martín Villa) era ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno franquista de Arias Navarro”.
Para la justicia, la decisión de despojar a Martín Villa de la distinción que le otorgó en 1976 el entonces alcalde predemocrático, Joaquín Viola, se sustentó en un “nuevo juicio de valor” sobre unos hechos que ya se conocían cuando le fue entregada, como fue la muerte de cinco obreros en una iglesia de Vitoria por la acción de la Policía Armada durante una huelga el 3 de marzo de 1976.
Martín Villa ha permanecido siete años procesado por la juez argentina María Servini por delitos de lesa humanidad por estos y otros homicidios policiales ocurridos durante sus mandatos, como los de los sanfermines de 1978. El pasado diciembre, la justicia argentina revocó su procesamiento al considerar que la juez Servini no ha conseguido encontrar indicios racionales que le incriminen como parte de un “plan sistemático y deliberado” para aterrorizar y eliminar a los partidarios de la democracia, como sostenía la querella presentada en Buenos Aires contra él y contra otros compañeros suyos, ya fallecidos, como el expresidente Adolfo Suárez o el exministro Alfonso Osorio.
El informe del equipo de gobierno de Ada Colau, que dio base a la retirada de la medalla, concluía en marzo de 2017 que la acción política de Martín villa se desarrolló “dentro de las estructuras fascistas del régimen, de la Falange Española, de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) y del partido único de la dictadura, el Movimiento”. El mismo documento responsabilizaba a Martín Villa de la represión a ciudadanos y le consideraban “responsable político de persecuciones, maltrato, tortura y vejaciones que la policía de la dictadura practicó durante aquellos años”.
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Un “juicio de valor”
Martín Villa recurrió a los tribunales la retirada de la condecoración, alegando falta de motivación en el expediente e indefensión. El Juzgado Contencioso-administrativo 11 de Barcelona desestimó inicialmente el recurso, pero Martín Villa apeló ante el Tribunal Superior, que le ha dado la razón.
El alto tribunal catalán consideró que la retirada de la medalla no se ajustaba al derecho administrativo. Según la sentencia “el Reglamento Municipal de 2012 mantuvo las distinciones concedidas a todas las personas y entidades corporativas al amparo del reglamento anterior” el de 1950.
La sentencia considera que retirar una medalla siempre es posible, pero cuando la retirada se realice por la constatación de unos hechos, actos o manifestaciones que en el momento que se otorgó la medalla no eran conocidos y de haberse sabido no se hubiera concedido la distinción. Pues bien, la sentencia considera que el pleno del Ayuntamiento retiró la medalla a Martín Villa basándose en un nuevo “juicio de valor” lo que no estaba contemplado en el artículo 6 del reglamento.
Durante el proceso “kafkiano”, según sus propias palabras, al que ha estado sometido en Argentina desde noviembre de 2014 hasta el pasado diciembre, Martín Villa ha renunciado a acogerse a la Ley de Amnistía de 1977 y a la prescripción de los posibles delitos. Lo hizo, ha asegurado durante todos estos años, con un doble objetivo: defender su honor personal y el de su familia, y también para proteger la memoria de la Transición democrática española. El pasado 17 de enero, en un desayuno informativo en Madrid afirmó: “Me he sentido en la obligación personal y moral de responder a la querella argentina ante las faltas a la verdad sobre la Transición, porque fue un proceso de consenso de concordia nacional para acabar con la más incivil de nuestras guerras civiles”.
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