El pasado 31 de marzo, la Junta Directiva del Banco Central Colombiano tomó la decisión de elevar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos base, llevándola a un 11.25%. Esta medida se anticipa en un contexto donde se espera que el dato de inflación de marzo, que se dará a conocer el 9 de abril, refleje una aceleración en torno al 5.5%. Aunque este incremento es moderado, ha marcado una tendencia de crecimiento desde diciembre del año pasado y se ubica por más de dos puntos porcentuales encima del objetivo inflacionario del 3%.
Sin embargo, el contexto monetario ha sido superado por una crisis institucional sin precedentes en Colombia, remontándose al menos a la reforma de la Constitución de 1991. El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien representa al presidente Gustavo Petro en la Junta, abandonó la sesión al enterarse del incremento en la tasa de interés. Este gesto subraya tensiones significativas entre el Ejecutivo y el ente regulador.
La Junta ha demostrado su firme independencia, a pesar de las presiones. Tanto Olga Lucía Acosta, nombrada por Petro a finales de 2022, como el Gerente General Leonardo Villar, han mantenido su postura, resistiendo llamadas a flexibilizar la política monetaria que podrían amenazar la estabilidad económica del país. Este fenómeno ha sido descrito por algunos analistas como una forma de “erdoganización,” un término que hace referencia a la tendencia de gobiernos a influir indebidamente en los bancos centrales.
Más allá de la discusión técnica sobre la tasa de política monetaria, lo que realmente está en juego en Colombia es un asunto de economía política. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el equipo de Petro ha cargado agresivamente el debate en torno a la política monetaria. En este contexto, el presidente ha calificado el aumento de la tasa de interés como “suicida” y ha insinuado que las decisiones de la Junta tienen motivaciones políticas relacionadas con el ciclo electoral.
Los partidarios de la “Carta abierta” sostienen que, aunque el Banco puede ser independiente del Ejecutivo, no es ajeno a la discusión pública ni al control democrático. Sin embargo, omiten mencionar que bajo el gobierno de Petro se suspendió una importante regla fiscal. El mandato del Banco se limita a “preservar la capacidad adquisitiva de la moneda”, lo que implica un enfoque en variables nominales, mientras que las variables reales y la equidad corresponden al Ejecutivo. Este malentendido representa un error en el diagnóstico económico actual.
Con el inusual gesto de Ávila se marca un nuevo capítulo en la relación entre el Banco y el Ejecutivo. Esto podría intensificar la presión política que enfrenta el banco central, transformando un desacuerdo técnico en un asedio político más agudo, donde la independencia del banco es cuestionada ante el populismo económico del momento.
Desde luego, obstruir o socavar al Banco de la República no parece ser la estrategia más sensata para Petro. La confianza en un banco central como garante del poder adquisitivo es un capital que se construye a lo largo de décadas, pero que puede ser destruido en cuestión de minutos. Sin un banco central verdaderamente independiente, cualquier promesa del gobierno sobre estabilidad de precios corre el riesgo de carecer de credibilidad.
En conclusión, la reciente decisión de la Junta del Banco Central y el contexto que la rodea reflejan no solo desafíos económicos, sino también una lucha de poder que podría definir el futuro de la economía colombiana y la confianza pública en sus instituciones. La independencia del banco central es clave para asegurar una economía estable y predecible, un imperativo que debe ser defendido ante las turbulencias del panorama político actual.
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