Estamos inmersos en una situación crítica para México, un escenario que se asemeja a un complicado circo con múltiples atracciones. No todos los riesgos que enfrenta el país están ligados a personajes como Donald Trump o a temas como la seguridad y las negociaciones del T-MEC. En un rincón de esta carpa, una agencia calificadora ha lanzado una advertencia que no podemos pasar por alto; su influencia puede ser devastadora.
Standard & Poor’s (S&P), una de las tres principales agencias calificadoras mundialmente, ha alertado que si México no aborda su déficit fiscal de forma más decidida, podría ver una reducción en la calificación de su deuda en el transcurso de los próximos 24 meses. Aunque actualmente mantiene la calificación de la deuda mexicana, ha cambiado su perspectiva de estable a negativa, una señal clara de alerta que, en lenguaje futbolístico, sería como mostrar una tarjeta amarilla al equipo mexicano.
El diagnóstico elaborado por S&P es contundente, pues destaca la lentitud en la reducción del déficit fiscal, así como el impacto negativo de los apoyos a Pemex y CFE, que complican la situación fiscal. Además, la agencia anticipa un crecimiento económico de apenas 1% para 2026, un número muy por debajo del pronóstico de 2.3% ofrecido por la Secretaría de Hacienda. Esto pone de manifiesto la fragilidad de la economía mexicana en un contexto de bajo crecimiento.
No solo se trata de cifras económicas. S&P también toca un tema delicado: la relación con Estados Unidos. Señala que la creciente preocupación por los lazos entre organizaciones criminales y diversos niveles de gobierno en México está generando tensiones bilaterales que van más allá del ámbito comercial.
A pesar de estas críticas, S&P reconoce la prudente gestión de las políticas fiscal y monetaria del país, así como la fortaleza de su posición externa y el marco institucional que ha contribuido a la estabilidad política durante más de dos décadas.
La respuesta del gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, ha sido institucional, aunque con un tono defensivo. Destacan que S&P maneja proyecciones pesimistas y resaltan las inversiones en infraestructura, que podrían estimular el crecimiento económico. Sin embargo, el pasado nos enseña que la relación con las agencias calificadoras ha sido tensa, con grupos legislativos y funcionarios acusando a estas de no comprender las estrategias del gobierno.
Las cosas han cambiado considerablemente, y el gobierno actual tiene menos márgenes de maniobra. Ignorar la advertencia de S&P no es una opción, dado que una reducción en la calificación podría resultar catastrófica, encareciendo el acceso a los mercados internacionales y aumentando la incertidumbre económica.
Es previsible que en los próximos días surja una polémica sobre el papel de S&P y su posible motivación política en las evaluaciones sobre México. Más allá de los debates, lo innegable es que se requiere una acción inmediata para reducir el déficit fiscal y comenzar la corrección de un problema que ha dejado huella. El manejo presupuestario del gobierno en 2024 ha dejado un déficit cercano a los 2 billones de pesos, aproximadamente 6% del PIB.
En 2025, el gobierno mexicano gastó 9.3 billones de pesos, con ingresos de 7.9 billones, resultando en un déficit de 1.4 billones, equivalente a un 4.3% del PIB. Con una proyección para 2026 que pretende reducir el déficit a 3.6% del PIB, la presión es fuerte. S&P exige una mayor celeridad en las medidas, pero el dilema persiste: el objetivo de reducir el déficit choca con la necesidad urgente de impulsar el crecimiento económico.
La incógnita es saber qué iniciativas prioritarias del gobierno tendrán que ser sacrificadas en este proceso. La urgencia para encontrar un equilibrio presupuestario se ha convertido en una prioridad ineludible, y México se encuentra en un momento decisivo que podría definir su rumbo económico en los años venideros.
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