La reciente deliberación en el Congreso de la Unión ha suscitado un interés renovado, con la posibilidad de que ambas cámaras lleven a cabo sesiones extraordinarias para discutir proyectos legislativos cruciales. Entre ellos se encuentran la Iniciativa Telecom, que busca establecer la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y una reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, las cuales serán debatidas en el Senado, considerado como la cámara de origen.
Se ha mencionado que el gobierno revisó varios aspectos de la Iniciativa Telecom, cuyas propuestas generaron un amplio debate público. Se espera que se realicen ajustes significativos, ya sea para modificar el alcance de diversas disposiciones o eliminar otras que han suscitado preocupaciones, particularmente aquellas relacionadas con la regulación de telecomunicaciones y la libertad de expresión en México. Es notable la estrategia del gobierno, liderada por la presidenta Sheinbaum, para mejorar la cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones en el país a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y su colaboración con Altán para la red compartida.
Sin embargo, la expansión de la infraestructura se ha visto obstaculizada por varios factores: la falta de condiciones efectivas de competencia, el elevado costo del espectro radioeléctrico, la carga desigual de trámites locales para el despliegue de infraestructura y el alto costo de llevar servicios a regiones de baja densidad poblacional.
Un análisis del gobierno federal revela que, tras la reforma constitucional de 2013, el costo por gigabyte en México experimentó una notable disminución en sus primeros años. Sin embargo, desde que entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el precio no solo se ha estancado, sino que ha presentado un ligero aumento entre 2021 y 2023. Este desempeño se atribuye a las medidas introducidas por el Congreso en 2014, que incluyeron la “tarifa cero”. Esta disposición permitía que el operador preponderante se aplicara a sí mismo una tarifa de cero pesos para la terminación de llamadas entre sus usuarios.
A pesar de la guerra de tarifas que se desató en la estela de estas disposiciones, la reciente decisión de la SCJN de eliminar el concepto de “tarifa cero” ha llevado a una pérdida de efectividad en las medidas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Por lo tanto, gran parte del problema que enfrenta México en cuanto a precios de datos y acceso a la banda ancha puede atribuirse a la erosión de los factores que antes fomentaban una competencia real en este sector.
Con el telón de fondo de estos acontecimientos, parece evidente que la solución para mejorar la cobertura de servicios y precios competitivos en el sector de telecomunicaciones radica en la promoción de mayor competencia, en lugar de depender de intervenciones estatales. Esto plantea un horizonte renovado para el futuro de las telecomunicaciones en México, donde las decisiones legislativas actuales podrían marcar un cambio significativo en el acceso a la información y la conectividad de millones de ciudadanos.
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