El gobierno venezolano ha hecho un anuncio crucial tras los devastadores terremotos gemelos que sacudieron el país, causando la trágica pérdida de más de 900 vidas esta semana. Un total de 1,600 rescatistas extranjeros han llegado para fortalecer los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes, momentos en los que la situación exige la máxima cooperación internacional. Sin embargo, el acceso al estado de La Guaira, el más afectado, ha sido restringido, lo que ha generado preocupaciones entre los residentes.
La Guaira, un popular destino conocido por sus playas, ha sido escenario de la destrucción de al menos 100 edificios, incluidos numerosos rascacielos residenciales. Los residentes y voluntarios han expresado su frustración ante la falta de maquinaria pesada y la escasa presencia oficial en las operaciones de rescate. En un discurso emitido por televisión, la presidenta interina Delcy Rodríguez enfatizó que aún faltan 10 países por unirse a las labores de rescate, además de destacar que 14,000 militares y policías están activos en la región.
“La ayuda internacional ha sido fundamental en estos momentos de desasosiego”, indicó Oliver Blanco, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que también aseguró que en las últimas horas Venezuela ha recibido 17 vuelos con rescatistas y espera otros 25 más pronto. Sin embargo, la situación en La Guaira ha permanecido crítica, con muchas zonas aún sin una notable presencia de las autoridades mientras los familiares de los desaparecidos excavan manualmente en busca de sus seres queridos.
La restricción de la carretera entre La Guaira y Caracas, implementada el viernes por la noche, ha dificultado el acceso a los vehículos de emergencia, alegando que el intenso tráfico dificultaba las labores. Aquellos civiles que no pertenecen a los equipos de rescate oficiales necesitarán acreditación para poder transitar. A pesar de esto, el gobierno ha agradecido la ayuda humanitaria llevada por ciudadanos que, en varios casos, utilizaban motocicletas para llevar suministros a los necesitados.
La situación de infraestructura ha sido desastrosa; se interrumpió el suministro eléctrico cerca del epicentro en Morón y en La Guaira, aunque Rodríguez informó que un 60% de la electricidad se ha restablecido desde los sismos. Esta fragilidad de la red eléctrica ha sido habitual en Venezuela, marcada por años de falta de inversión y sanciones económicas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos calificó los terremotos, de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, como potencialmente mortales, estimando que podrían superar los 10,000 decesos, convirtiéndolos en unos de los más trágicos de América Latina en décadas. Mientras el gobierno reporta cientos de desaparecidos, un portal promovido por la oposición señala que la cifra podría alcanzar los 54,000.
La ONU ha advertido que cerca de 7 millones de personas podrían verse afectadas, y los daños directos se estiman en aproximadamente 6,700 millones de dólares. Esta catástrofe podría tener repercusiones políticas para Rodríguez, quien busca presentarse como una figura renovadora, a pesar de su pasado cercano a Nicolás Maduro, ahora enfrentado a cargos criminales en EE.UU.
La ayuda estadounidense ha comenzado a movilizarse, aproximadamente 150 millones de dólares han sido anunciados, y ya se han dirigido dos buques de la marina al área afectada para colaborar en las tareas de rescate. Equipos de diversos países, como El Salvador, están trabajando activamente para encontrar sobrevivientes. Todo esto ocurre en un contexto donde se han denunciado saqueos en varias partes de La Guaira, añadiendo un nivel adicional de dificultad a la ya desbordante crisis.
Mientras el gobierno sigue recibiendo donaciones y organizando esfuerzos de ayuda, la producción petrolera del país se ha mantenido estable, aseguraron las autoridades del sector, lo que al menos permite una cierta normalidad en un contexto de caos.
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