Más de 640.000 personas desplazadas en Líbano han iniciado su retorno a las comunidades que tuvieron que abandonar, según un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este movimiento ocurre tras el alto el fuego que entró en vigor el 21 de junio de 2026, después de un conflicto que estalló el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel como represalia por el asesinato de un líder supremo iraní en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel.
Las consecuencias del enfrentamiento han sido devastadoras. Las autoridades libanesas estiman que aproximadamente 4.300 personas han perdido la vida y más de un millón se han visto obligadas a huir, principalmente desde el sur del país y los suburbios meridionales de Beirut. De este total, cerca de 500.000 aún no pueden regresar, dado que sus hogares han sido destruidos o son inhabitable.
A pesar de la tregua, las condiciones en el sur de Líbano son difíciles de afrontar. Acceder a varias aldeas cercanas a la frontera sigue siendo imposible. La ministra de Asuntos Sociales, Hanine El Sayed, indicó que la situación de aquellos que no han podido regresar es alarmante. Los que logran volver encuentran sus hogares dañados, con cortes en el suministro de electricidad y agua, y negocios destruidos. Alrededor de 90.000 viviendas han sido total o parcialmente demolidas, y las autoridades libanesas han señalado que se necesitarán miles de millones de dólares para la reconstrucción, fondos que actualmente están fuera de su alcance.
La crisis humanitaria también se refleja en la reducción de personas en refugios colectivos; el número ha caído de 37.000 a unas 13.000. Los centros habilitados también se han reducido de 692 a 479, y se han abierto nuevos centros en Nabatieh para aquellos que desean permanecer cerca de sus lugares de origen. Aun con el cese de hostilidades, funcionarios israelíes han afirmado que sus fuerzas mantendrán una “zona de seguridad” de 10 kilómetros de profundidad en la frontera, dejando vastas áreas inaccesibles.
Recientemente, Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco, respaldado por Estados Unidos, que contempla el desarme de Hezbollah, una retirada gradual de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés en la zona, comenzando por áreas “piloto” para iniciar la reconstrucción. Sin embargo, este documento ha sido rechazado por Hezbollah, y no establece un calendario firme para la retirada, condicionándola al desarme del grupo, una exigencia que muchos consideran complicada de cumplir.
El presidente libanés, Joseph Aoun, resumió la situación, destacando que el “objetivo común es uno solo: asegurar la retirada de Israel”. No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que el acuerdo podría poner en peligro a las víctimas de crímenes de guerra y consentir el desplazamiento forzoso de decenas de miles de residentes del sur.
Aoun ha señalado que, aunque el artículo 13 del acuerdo suspende los procedimientos judiciales entre ambos estados durante las negociaciones, no impide que entidades privadas emprendan acciones legales.
En este contexto, la situación sigue siendo frágil y compleja, con la reconstrucción y el retorno de los desplazados como una tarea monumental en medio de un paisaje devastado. Las próximas semanas y meses serán críticos para el futuro de Líbano y sus ciudadanos.
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