Jalisco, Querétaro, Sinaloa y Guanajuato se destacan como los únicos estados que cumplen con los estándares de transparencia en el gasto en salud, según el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF) 2026. De las 32 entidades evaluadas, 28 reportaron una Transparencia Deficiente, reflejando una alarmante disminución en la rendición de cuentas en un área tan crítica como la salud pública.
Los resultados son contundentes: Jalisco y Querétaro se ubicaron en lo más alto con 95.16 puntos cada uno, seguidos de Sinaloa con 93.35 y Guanajuato con 89.17. En contraste, el promedio nacional se situó en 37.86, el más bajo desde que se realiza este índice, que abarca ya nueve años de análisis en este tema. La metodología del estudio se basa en seis bloques: Marco Regulatorio, Marco Programático Presupuestal, Costos Operativos, Rendición de Cuentas, Evaluación de Resultados y Estadísticas; sin embargo, este año todos estos componentes registraron una caída en su cumplimiento.
Una de las principales críticas proviene de Elisa Flores, directora del Proyecto de transparencia de una organización no gubernamental. Flores señala que la calidad de la información proporcionada por los gobiernos estatales a sus portales web y a la Plataforma Nacional de Transparencia es alarmantemente pobre. “No hay un intento serio por transparentar la información; publican datos escasos, incompletos y en portales caóticos”, afirmó.
La situación se complica aún más con la implementación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor en marzo de 2025. Esta ley obliga a las entidades federativas y municipios a armonizar sus legislaciones locales para establecer órganos de transparencia. Sin embargo, la falta de un entendimiento uniforme ha generado una disparidad en su cumplimiento, lo que contribuye al desolador panorama de rendición de cuentas que se observa actualmente.
Otro factor a considerar es la centralización de recursos. Un convenio firmado entre 24 estados y el IMSS Bienestar permite al gobierno federal manejar los fondos que anteriormente se transferían a los estados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Este cambio ha creado un “espacio negro” que dificulta el rastreo de los recursos y ha llevado a los estados a argumentar que su obligación de transparentar se ha reducido, mientras que el gobierno federal no asume completamente esa responsabilidad.
Entre las omisiones más graves detectadas se encuentran la ausencia de normativas claras, la falta de control en medicamentos, y la opacidad en ingresos, gastos e inversiones, incluyendo los salarios de los secretarios de Salud. Estados como Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Zacatecas y Nayarit, que en evaluaciones anteriores ocupaban posiciones intermedias, han caído ahora a los últimos lugares, independientemente de si cuentan con convenios activos con el IMSS Bienestar.
A pesar de no alcanzar la calificación aprobatoria, algunas entidades han tenido progreso. San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz lograron aumentar sus puntuaciones. Estos avances se deben principalmente a la publicación de datos en formatos abiertos y la actualización de información en sus portales, lo que facilita la consulta ciudadana.
Es indispensable que los sistemas de salud cumplan con su función social, mediante evaluaciones continuas que garanticen el cumplimiento de sus objetivos, especialmente en atención médica, abasto de medicamentos y regulación del personal médico. Esto solo será posible si los gobiernos estatales asumen sus responsabilidades en términos de información pública, como lo dictan las leyes vigentes. Superar la confusión actual sobre transparencia es un paso crucial hacia un sistema de salud más responsable y accesible para todos.
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