Más Madrid ha exigido este viernes la dimisión de Alfonso Sánchez, gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital, por el caso del comisionista del 3%. Pablo Pradillo, jefe de División de la compañía, cobró 150.000 euros por ayudar a una constructora a ganar una adjudicación de la propia sociedad pública, por la que el Ayuntamiento pagó mas de cinco millones de euros (sin incluir el IVA). “Quería empezar antes de vuestras preguntas, [en referencia a los periodistas], con una declaración. Vamos a pedir la dimisión del gerente de la EMT, [Alfonso Sánchez]”, ha dicho Maestre durante el acto de presentación del programa de los Veranos de la Villa: “Se ha demostrado que sabía desde julio de 2021 que tenía a un trabajador que había cobrado un 3% por adjudicar una obra de la propia EMT”.
“José Luis Martínez- Almeida y Borja Carabante, además, han hecho todo lo posible por obstaculizar el acceso a la información”, ha añadido la dirigente de la formación de izquierdas: “No han hecho nada. Este trabajador sigue acudiendo cada día a su trabajo. No solo queremos que se le aparte de sus responsabilidades, queremos que el gerente dimita de forma inmediata y vamos a pedir también un consejo extraordinario”. A esta última solicitud se ha sumado también el grupo socialista.
Las declaraciones de Maestra llegan horas después de que Columna Digital publicara las grabaciones de los interrogatorios como testigos, en el Juzgado de Instrucción 29 de la capital, del gerente de la empresa pública y de Gonzalo Fernández, actual director de Infraestructuras. Los abogados les preguntaron si el presidente de una de las empresas de la UTE que ganó la obra se reunió con ellos y les avisó en algún momento de que Pradillo cobró por ayudarles de este proyecto. Ambos admitieron los encuentros con este, pero solo el director de Infraestructuras reconoció que le “dijo que estaba preocupado por ese tema”. El gerente señaló que no recordaba el contenido de la cita. Columna Digital ha preguntado a la EMT si alguno informó a sus superiores políticos, pero la empresa pública ha rechazado responder.
Pradillo percibió una comisión del 3% (150.000 euros) de una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por la constructora Inesco. Él mismo ha admitido ese porcentaje y cantidades, pero defiende que actuó dentro de la ley. Según el trabajador de la EMT, que ocupa el cargo de jefe de División, no existen incompatibilidades porque estaba de “baja voluntaria” en el momento de la licitación del proyecto: la reforma de unas cocheras en el distrito de Fuencarral. Los pagos que recibió Pradillo de la constructora comenzaron antes de la pandemia y se prolongaron durante la misma.
El Ayuntamiento ha extendido un manto de silencio sobre el caso Pradillo y rechaza ofrecer detalles de la investigación interna abierta al jefe de División. Se niega a entregar el expediente a la oposición y a los consejeros de la EMT, así como el contrato bajo sospecha y las alegaciones que haya presentado el empleado, al que se dio 72 horas para aportar su versión. El Consistorio se escuda en que la Oficina Contra el Fraude y la Corrupción ha abierto unas pesquisas “confidenciales”, aunque este proceso se desarrolla de forma separada al expediente interno de la EMT.
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