El matrimonio infantil sigue siendo una de las manifestaciones más graves de desigualdad y violencia estructural contra las niñas en México. Este fenómeno no solo plantea un desafío social, sino que también afecta profundamente la vida y el futuro de miles de jóvenes.
Para visibilizar esta problemática y fomentar acciones concretas, diversas organizaciones, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), UNICEF, y la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), han unido esfuerzos para producir un diagnóstico sobre las uniones infantiles en el país. Este estudio no solo destaca las severas implicaciones del matrimonio infantil, sino que también examina causas estructurales como la pobreza, la violencia de género, y las normas culturales arraigadas que perpetúan estas prácticas.
Durante el foro titulado “Las Uniones Infantiles Tempranas y/o Forzadas en México: Entre números y voces”, se subrayó la urgencia de implementar políticas públicas efectivas e interseccionales para erradicar esta situación. Aunque se ha observado una disminución del 30% en la tasa de embarazo adolescente desde 2015, los avances resultan aún insuficientes ante la persistencia de estos matrimonios que afectan desproporcionadamente a las niñas en comunidades marginadas.
A pesar de que el matrimonio infantil está prohibido legalmente, su práctica continúa vigente en ciertas regiones, en ocasiones bajo el pretexto de usos y costumbres locales. Esta situación coloca a México en el décimo lugar mundial en el número de adolescentes casadas o unidas antes de cumplir 18 años, según datos de UNICEF.
El evento también brindó espacio para testimonios de sobrevivientes y defensoras comunitarias, quienes compartieron sus experiencias y la urgente necesidad de colaboración entre autoridades, comunidades y la sociedad civil para erradicar el matrimonio infantil. Cada relato resaltó que esta cuestión no solo es un desafío social, sino un grito de desigualdad que exige atención inmediata.
Gabriela Rodríguez, secretaria técnica de CONAPO, manifestó que, a pesar de los avances obtenidos, las leyes por sí solas no son suficientes. Se requiere una transformación que abarque dimensiones territoriales, educativas y culturales. Esta perspectiva se alinea con las exigencias de actores diversos que reclaman acciones concretas y un compromiso sostenido para enfrentar esta crisis.
Como en muchas áreas de la lucha por la equidad de género, el camino hacia la erradicación del matrimonio infantil tiene que contemplar a todas las partes involucradas. Las niñas merecen un futuro en el que puedan disfrutar de su infancia y desarrollar su potencial sin verse atrapadas en las redes de tradiciones que vulneran sus derechos y oportunidades.
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