En un análisis profundo sobre el estado actual de la democracia en el país, se plantea una preocupación significativa sobre el camino que hemos tomado. Una figura notable, el expresidente Ernesto Zedillo, advierte que, si las cosas continúan como hasta ahora, nuestras instituciones podrían ir de una democracia a una tiranía. Esta afirmación resuena en los corazones de muchos, especialmente entre quienes han vivido de cerca las decisiones políticas que han moldeado nuestra realidad social y económica.
Durante la legislatura de 1997 a 2000, cuando fui diputado federal por el PRD, nos encontramos en un contexto donde la falta de una mayoría en la Cámara obligó a la colaboración entre tres fuerzas políticas: PRI, PAN y PRD. Existía un consenso entre los legisladores del PRD sobre la necesidad imperiosa de evitar la quiebra bancaria, garantizando así la protección de los ahorradores. Sin embargo, se exigía que el rescate no beneficiara exclusivamente a los grandes jugadores financieros, sino que también atendiera a los medianos y pequeños deudores.
Contrario a lo afirmado por algunas voces, no era un requisito que el gobierno se apropiara de las acciones de los bancos. Lo que demandábamos era una protección integral para los deudores, no permitiendo que las negociaciones quedaran en manos exclusivas de los banqueros. La respuesta del gobierno fue negarse, argumentando que tal medida podría crear una “cultura del no pago”, centrándose en salvar a los banqueros en lugar de atender a la ciudadanía.
Un caso emblemático de la falta de transparencia en el rescate bancario fue el de un banco que recibió 30,000 millones de pesos para cubrir cuentas incobrables, una práctica que se repitió en otras instituciones. Estas decisiones apuntan a un salvamento que, lejos de ser claro, benefició de manera ilegal a ciertos banqueros, ignorando al mismo tiempo las necesidades de los pequeños deudores. La oposición del PRD al Fobaproa se sustentó en estas razones.
La percepción de que el país está en riesgo de caer en la tiranía es válida. Las reformas impulsadas buscan consolidar el control presidencial sobre otros poderes del Estado. A medida que los nuevos miembros del Poder Judicial asumen sus cargos, la independencia de este poder se ve amenazada. La elección del 1 de junio plantea serias dudas, con candidatos que parecen predispuestos desde antes de llegar al proceso electoral.
La actual Presidenta, Claudia Sheinbaum, no solo controla el Poder Ejecutivo, sino que también maneja a los legisladores de su partido, lo que le permite modificar la Constitución a su conveniencia. Este escenario se complica, pues los partidos de oposición atraviesan su momento más complicado, y la mayoría de los gobernadores están bajo la influencia directa del poder central. En este contexto, la capacidad de la sociedad civil para incidir en la política ha disminuido considerablemente, quedando relegada a un segundo plano con pocas alternativas para la ciudadanía.
Las medidas que se implementen en los próximos meses definirán el futuro de nuestra democracia. La dependencia de las decisiones políticas de un solo individuo plantea serias preocupaciones sobre la salud democrática del país. Sin lugar a dudas, el continuo examen y discusión sobre estos asuntos es vital para salvaguardar los principios democráticos que tanto se han luchado por establecer.
La información refleja el contexto político hasta la fecha original, 2025-05-08 23:05:00, y invita a los ciudadanos a permanecer atentos y activos en la defensa de la democracia y el bienestar colectivo.
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