El clima político en el estado continúa enrarecido, especialmente en San Miguel del Monte, donde el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, ha lanzado serias acusaciones contra el jefe de tenencia, Enrique Fuerte Facio. Durante una conferencia semanal, Valencia no dudó en señalar a Facio como presunto intermediario de cárteles de la droga, en un contexto donde la violencia y la delincuencia organizada amenazan con infiltrarse en las actividades y recursos públicos de la comunidad.
Valencia alertó sobre la posible intención de la banda criminal “Hermanos de la Sierra” para establecer un autogobierno en Jesús del Monte, buscando así el control sobre los recursos públicos. Ante esta situación, exigió la suspensión inmediata de la consulta en dicha tenencia y pidió a las autoridades competentes que investiguen a Facio, argumentando que tiene vínculos familiares con elementos del crimen organizado.
“No pido que se posponga la consulta, solicito que se cancele porque la influencia de la banda se siente. Están utilizando el temor que infunden en la población para apoderarse de recursos destinados a actividades ilícitas”, aseveró Valencia, dirigiendo una clara crítica hacia la situación de inseguridad.
El dirigente priista enfatizó que la delincuencia organizada ha encontrado un terreno propicio en la región, presionando a la ciudadanía para obtener beneficios económicos. Además, reveló que existen otros actores públicos que también podrían estar relacionados con el crimen organizado, prometiendo señalar a estos individuos de manera directa en futuras declaraciones para evitar que su mensaje se diluya en el ruido mediático.
Con estas acusaciones en el aire, la situación en San Miguel del Monte invita a la atención y reflexión sobre cómo la delincuencia organizada puede actuar como un agente perturbador en la política local y la vida cotidiana de los ciudadanos. La creciente preocupación por la seguridad y el orden público es un tema que continúa resonando y que requiere respuestas efectivas por parte de las autoridades correspondientes. La comunidad espera acciones concretas que permitan restablecer la confianza y la seguridad en su entorno.
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