La administración de Claudia Sheinbaum se ha enfocado en una consolidación fiscal significativa, reduciendo el déficit del país mediante recortes en áreas críticas como la salud, la protección ambiental y la infraestructura. De acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hasta julio de este año, el gobierno federal gastó 5 billones 337,991 millones de pesos, lo que representa una disminución del 3.8% en comparación con el año anterior.
Además, se ha reportado un subejercicio de 300,729 millones de pesos, evidenciando que el gasto fue inferior al monto aprobado para este periodo. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se situaron en 686,899 millones de pesos, con una caída anual impresionante del 36.3%. Este esfuerzo por reducir el déficit fiscal se ha vuelto prioritario, especialmente después de que el déficit alcanzara un récord histórico del 5.7% del PIB el año pasado, con el objetivo de disminuir a 3.9% en el presente.
Los informes señalan que los balances fiscales se han mantenido alineados con las metas anuales. Para el periodo en cuestión, se registró un déficit presupuestario de 573,000 millones de pesos, cifra que está por debajo de lo programado. Al mismo tiempo, el superávit primario presupuestario alcanzó 195,000 millones de pesos, superando las expectativas iniciales.
Los ajustes presupuestarios implementados por la administración han llevado a una reducción notable en el gasto programable, que se destina a servicios esenciales para la población. Entre enero y junio, el gasto programable se redujo en un 6% anual, con un subejercicio de 266,804 millones de pesos. Rubros vitales como la salud han visto una disminución del 5.8% en los fondos asignados, mientras que los recursos para comunidad y vivienda cayeron en un 6.1%. En cuanto a la protección ambiental, los fondos se redujeron en un alarmante 38.3% comparado con el mismo periodo del año pasado.
A pesar de estos recortes, el gasto en protección social ha aumentado un 5.1% en términos reales, y el gasto en educación creció un 1.9%, buscando garantizar el acceso a derechos fundamentales y ofrecer apoyo a los sectores más vulnerables.
Por otro lado, el costo financiero de la deuda ha crecido, con el gobierno desembolsando 700,474 millones de pesos, un incremento del 10.8% en términos anuales. Esto ha afectado el costo total que enfrenta la administración, que ha subido un 11.4% en términos reales, reflejando condiciones financieras restrictivas a nivel internacional. Sin embargo, se han logrado ahorros de 24,000 millones de pesos gracias a una gestión activa de la deuda.
En cuanto a la deuda pública, esta ha seguido aumentando, alcanzando poco más de 17.8 billones de pesos en los primeros siete meses de 2025, lo que implica un crecimiento del 5.3% en comparación con el año anterior. La deuda neta del gobierno federal se sitúa en el 44.4% del PIB, con una mayoría de esta deuda siendo interna, y una gran parte contratada a tasas fijas y a largo plazo.
Este contexto refleja los esfuerzos del gobierno por manejar de manera efectiva sus finanzas mientras mitiga el impacto de recortes en áreas fundamentales para la población. La información aquí presentada es específicamente de la fecha de publicación original (2025-08-31) y puede no reflejar las condiciones actuales.
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