El reparto de responsabilidades acapara la atención pública y la arena política tras la tragedia en la Línea 12 del metro de Ciudad de México. Morena, el partido en el Gobierno, ha amagado con quitar la inmunidad al senador opositor Miguel Ángel Mancera para que pueda ser juzgado por el siniestro que ha dejado al menos 26 muertes y decenas de personas heridas. El bloque gobernante había adelantado que iba a echar mano de su mayoría parlamentaria para exhortar a que la Fiscalía solicite el desafuero de Mancera, predecesor de Claudia Sheinbaum en el Gobierno de la capital (2012-2018), pero el punto de acuerdo estaba previsto para votarse este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso, aunque al final no fue presentado.
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Morena y sus aliados ya habían frenado la semana pasada que se creara una comisión especial en el Legislativo que investigara el desplome del pasado 3 de mayo. La mayoría también bloqueó que Sheinbaum, actual jefa de Gobierno, testificara ante el Congreso sobre lo sucedido. La tragedia de la Línea 12 atraviesa las tres últimas Administraciones al frente de la capital. Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores, ordenó la construcción de la línea. Mancera decidió cerrarla durante más de un año para darle mantenimiento ante el deterioro y el riesgo de descarrilamiento. Sheinbaum ha tenido que responder a las víctimas. Ebrard y Sheinbaum se habían perfilado como posibles sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que Mancera es el único opositor de los tres.
El exhorto para quitar el fuero a Mancera, protegido por ser miembro de la Cámara alta, se basaba en un reclamo de “negligencia criminal”, según se lee en el orden del día de la Comisión Permanente. El senador, presente en la sesión, dijo en las horas previas que estará atento a lo que requieran las autoridades para esclarecer los hechos. “No se trata de tener fuero, es si se hicieron las cosas bien o no”, señaló Mancera en sus redes sociales. Ebrard tomó una posición similar y dijo que estaba a “disposición” para aclarar los hechos.
La petición de María de los Ángeles Huerta, diputada de Morena, ha molestado a la oposición y a los críticos del Gobierno de López Obrador. “Esta tragedia es producto de la negligencia y de la corrupción”, ha dicho Xóchitl Gálvez, senadora del opositor Partido Acción Nacional (PAN), y ha criticado que ningún funcionario actual haya presentado su renuncia tras lo sucedido. “Hay un responsable y es precisamente el senador Mancera, al cual la oposición no lo quiere responsabilizar”, señaló, en cambio, Huerta en su propuesta de punto de acuerdo. Kenia López Rabadán, también del PAN, se ha ido a los gritos para exigir que Sheinbaum y Ebrard dejen sus cargos de forma inmediata.
Desde la perspectiva de la oposición, Mancera no puede ser señalado por el mal estado de la Línea 12 porque Sheinbaum está en el poder desde diciembre de 2018. La aprobación de la jefa de Gobierno se desplomó 22 puntos porcentuales desde el accidente del metro, para quedar en un 49%, según una encuesta publicada por el diario El Financiero. Sheinbaum dijo la semana pasada que sería “mezquino” pensar en su futuro político e insistió en que su prioridad es atender a las víctimas y a sus familiares. El propio Mancera propuso que Jorge Gaviño, director del metro durante su Administración, colabore con la información necesaria para la investigación.
La clave en el reparto de responsabilidades está en una serie de estudios y peritajes ordenados tras la tragedia. El peritaje externo encargado a la empresa noruega Det Norske Veritas dará un primer informe sobre las causas del derrumbe en cinco semanas, entre una y dos semanas después de las elecciones del próximo 6 de junio, en las que se vota la renovación de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. El informe sobre la “causa-raíz”, el que puede tener más repercusiones políticas porque se identificarán fallas en el diseño y ejecución del proyecto, tomará más tiempo. De cualquier forma, las responsabilidades contra políticos y funcionarios no saldrán de los documentos técnicos, sino de la Fiscalía de la Ciudad de México, que realiza otro peritaje por su cuenta.
Ante un escenario en el que las respuestas tardarán en llegar, el choque entre la oposición y el partido gobernante cada vez sube más de tono. El bloque en el poder acusa que se “lucra” con la tragedia y que se busca sacar rédito electoral de forma “oportunista”. El otro bando cuestiona que se obstaculice la búsqueda de verdad y justicia, con sesgos en la búsqueda paralela de responsables políticos. Mientras la tragedia sigue enlutando a los deudos, que amagan con demandar formalmente a las autoridades, aún están en el aire las consecuencias políticas y penales contra los principales señalados por el desastre en la línea de metro más nueva, más cara y más problemática de Ciudad de México.
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