La Regulación de la Inteligencia Artificial en México: Un Camino Fragmentado
México se encuentra actualmente en una fase incipiente de regulación en materia de inteligencia artificial (IA). Aunque ya ha comenzado a explorar diversas iniciativas normativas, el avance en este campo es fragmentado y carece de la coordinación adecuada entre los diferentes niveles de gobierno, legisladores y órganos autónomos. A pesar de que se reconoce la importancia de abordar los riesgos éticos, sociales y económicos que plantea la IA, aún no se cuenta con una legislación federal integral que regule su desarrollo, aplicación o fiscalización. Esto contrasta fuertemente con los marcos robustos que han sido establecidos en la Unión Europea, que ya cuenta con el AI Act, así como las diversas estrategias adoptadas en Estados Unidos, donde se ha implementado una moratoria sobre leyes estatales en la materia.
Si bien el término "inteligencia artificial" se ha popularizado, su definición sigue siendo difusa en los contextos jurídico y técnico. En general, la IA se refiere a sistemas informáticos capaces de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz e imágenes, la toma de decisiones, la traducción de idiomas o la predicción de patrones a partir de grandes volúmenes de datos. Estos sistemas, al ser capaces de aprender y adaptarse a través de algoritmos complejos, resultan en herramientas de gran poder, pero también difíciles de auditar o controlar. Esta ambigüedad en torno a la definición de IA representa uno de los principales obstáculos para una regulación efectiva.
A lo largo del tiempo, se han presentado diversas iniciativas legislativas en el Congreso de la Unión. Según el académico Iván Vladimir García del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, entre 2020 y 2024 se registraron 58 propuestas que incluían el término “inteligencia artificial”, pero ninguna de ellas ha logrado convertirse en ley. Las propuestas son variadas y abarcan temas que van desde la ética algorítmica hasta la ciberseguridad y la protección de datos. Sin embargo, hasta el momento, estos esfuerzos han sido desarticulados y carecen de la fuerza vinculante necesaria para generar un impacto significativo.
Una de las iniciativas más ambiciosas se presentó en abril de 2023 en la Cámara de Diputados, buscando establecer una “Ley para la regulación ética de la inteligencia artificial y la robótica”. Inspirada en recomendaciones de la UNESCO, la propuesta presentaba un enfoque basado en el riesgo asociado a cada sistema y proponía la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Sin embargo, hasta la fecha, el proyecto no ha recibido dictamen ni ha sido retomado.
A nivel local, la Ciudad de México ha tomado la delantera al presentar una iniciativa de ley en marzo de 2025, cuyo objetivo es regular el uso de la IA en la administración pública. Dicha propuesta establece principios rectores como la transparencia, la protección de datos y la inclusión, y busca proteger los derechos digitales de la ciudadanía frente al acelerado avance de tecnologías que automatizan decisiones administrativas. Esta iniciativa incluye la creación de un Centro de Inteligencia Artificial de la Ciudad de México, responsable de coordinar la implementación de la ley y promover buenas prácticas. Sin embargo, su alcance solo cubre la administración pública local y no contempla un plan para el sector privado ni para otros niveles de gobierno.
Paralelamente, aunque la regulación avanza lentamente, la IA ya está presente en diversas aplicaciones del sector público en México. Al menos 119 tecnologías basadas en IA cuentan con uso gubernamental en áreas como la vigilancia, la administración de justicia y la seguridad pública. No obstante, un estudio del CIDE ha revelado una falta alarmante de transparencia en su uso. Existen interrogantes sobre el funcionamiento de los algoritmos, los criterios que emplean, si han sido auditados por terceros o si cumplen con principios de legalidad y no discriminación.
Además, la normativa vigente en materia de protección de datos personales no aborda específicamente el tratamiento automatizado ni el perfilamiento algorítmico, lo que representa otro desafío en la creación de un marco regulatorio robusto.
Mientras México debate sus primeras iniciativas, otros países como la Unión Europea, Estados Unidos, China, Canadá y Brasil ya han comenzado a implementar marcos regulatorios específicos para la IA. La legislación europea es la más avanzada, clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo y establece prohibiciones para aquellos considerados inaceptables. En contraste, Estados Unidos ha adoptado una estrategia diferenciada con una moratoria de diez años en la promulgación de leyes estatales sobre IA, un enfoque que ha suscitado críticas por limitar la capacidad de respuesta ante los desafíos de la automatización.
Es esencial que México, al igual que otros países en la vanguardia del desarrollo tecnológico, establezca un marco legal claro. De no hacerlo, el país podría convertirse en un consumidor pasivo de tecnologías desarrolladas en el extranjero, sin la capacidad de regular o exigir que estas se alineen con los derechos constitucionales.
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