En el contexto actual, el sistema de salud en México se enfrenta a un desafío crucial: la necesidad de duplicar su presupuesto para lograr un sistema universal que responda adecuadamente a las demandas de la población. Diversos expertos, como Alejandra Macías, directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), sostienen que el país debería destinar cerca de 900,000 millones de pesos adicionales a la salud, superando el actual 6% del Producto Interno Bruto (PIB) recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene proyectado un gasto funcional en salud de 881,460 millones de pesos, lo que supone un descenso del 10.90% en comparación con el año anterior. Este recorte se alinea con una estrategia fiscal más austera, lo que limita las posibilidades de inversión en un sector tan vital. A día de hoy, el gasto en salud equivale a aproximadamente 2.4% del PIB, un valor que deja al país muy por debajo de las expectativas internacionales, indicando que se requiere un gasto adicional de 1.3 billones de pesos para alcanzar la recomendación del 6%.
Con un panorama así, organizaciones civiles como Fundar y El Poder del Consumidor han propuesto aumentar la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en productos nocivos como el tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. Se argumenta que estos gravámenes no solo mejorarían la salud pública, sino que también generarían fondos sustanciales para el IMSS-Bienestar, la institución destinada a atender a quienes carecen de seguridad social. Por ejemplo, un incremento en el IEPS del tabaco podría traducirse en un aumento del 30.1% en la recaudación, mientras que ajustes en el impuesto a las bebidas saborizadas podrían duplicar las expectativas de ingresos para el 2024.
Además, otra propuesta se centra en la posibilidad de aumentar el Impuesto sobre la Renta (ISR) para las grandes empresas que operan en sectores considerados perjudiciales para la salud. A pesar de que la tasa de ISR para personas morales en México está fijada en 30%, la tasa efectiva para estas industrias es de solo 3.82%. Por ello, se plantea crear un régimen fiscal exclusivo que elimine deducciones y beneficios fiscales que estas empresas actualmente disfrutan.
Dicha reforma fiscal promovería una mayor transparencia y exigiría que los recursos obtenidos se destinen a la financiación del sistema de salud, asegurando así que quienes más daño causan a la salud pública asuman una responsabilidad mayor en su financiación. La inclinación hacia una política fiscal más progresiva y centrada en la salud podría, en última instancia, contribuir a un panorama más saludable para la población.
Es evidente que este enfoque fiscal, que combina el incremento de impuestos con una asignación clara de recursos, juega un papel crucial a la hora de garantizar el derecho a la salud en México. La necesidad de una inversión significativa en este sector resuena no solo como un imperativo económico, sino también como una medida necesaria para proteger y promover la salud de todos los ciudadanos.
Los datos discuten la urgencia de una reforma integral en el sistema de salud mexicano. A medida que avanza el tiempo, el desafío se intensifica y la atención a la salud pública se convierte en un tema que no puede seguir ignorándose. La fecha de publicación original del análisis fue el 17 de junio de 2025, y las cifras y recomendaciones reflejan un panorama que las autoridades y la sociedad civil deben abordar con empeño y urgencia.
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