México atraviesa una crisis histórica en lo que respecta a su Estado de Derecho y calidad de gobernanza, según revelan los últimos datos del Banco Mundial. En un contexto donde el combate a la corrupción y la efectividad del gobierno deberían ser prioridades, el país ha retrocedido significativamente en sus índices de gobernabilidad en comparación con años anteriores.
Los indicadores de gobernanza a nivel mundial reflejan una clara tendencia a la baja. México experimentó un descenso en cinco de los seis índices evaluados en 2024, mientras que uno se mantuvo sin cambios. En particular, la efectividad del gobierno cayó de 49.9 a 47.1 puntos, y la voz y responsabilidad retrocedieron de 52.4 a 50.9. Este panorama es alarmante, dado que en 2024, su puntaje en Estado de Derecho descendió a 37.9, marcando un deterioro constante desde 2008.
A largo plazo, la situación se torna aún más preocupante. Comparado con 2018, México ha empeorado en cuatro de los seis indicadores, manteniendo solo la estabilidad política, que ha aumentado levemente de 50.1 a 53.7. Sin embargo, este nivel sigue siendo inferior al de años anteriores, lo que sugiere una pérdida de confianza ciudadana en las instituciones.
Uno de los indicadores más impactantes es el de Control de la Corrupción, que ha caído de 46.8 puntos en el año 2000 a un alarmante 28.8 en 2024. Esto coloca a México en el percentil 28.8 de más de 200 países, lo que significa que solo supera a una pequeña fracción en la lucha contra este flagelo. A modo de comparación, otros países de la región, como Chile y Uruguay, exhiben puntuaciones notablemente más altas en este ámbito.
El Estado de Derecho presenta un panorama similar. Si bien inicialmente mostraba avances entre 1998 y 2004, los datos recientes revelan una caída abrupta, especialmente a partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, llegando a su punto más bajo en 2024 con 37.1 puntos. La reforma judicial que permitió la elección popular de jueces ha generado preocupaciones adicionales sobre la independencia del poder judicial.
Estos indicadores de gobernanza han sido objeto de críticas por parte de algunos sectores, que los descalifican argumentando que provienen del Banco Mundial. No obstante, reconocidos analistas, como Carlos Ramírez, subrayan su importancia como herramientas clave para comprender el desarrollo económico a largo plazo del país. Ramírez señala que el estancamiento en las cifras de corrupción es consecuencia de la falta de una estrategia efectiva para combatirla, lo que se traduce en un uso inadecuado de los recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación, encargada de fiscalizar el manejo del presupuesto, se encuentra “capturada” por el gobierno, debilitando su capacidad para hacer valer la transparencia. Casos como los de huachicol y otros escándalos recientes son ejemplos de esta falta de rendición de cuentas.
La situación es crítica y evidencia la necesidad de una respuesta contundente por parte del Estado. La calidad de la gobernanza en México, que ha mostrado un deterioro constante en los últimos años, no solo afecta la percepción internacional del país, sino también su capacidad para atraer inversión y promover políticas públicas efectivas.
A medida que se consideran estos resultados, surge la pregunta de qué medidas se implementarán para revertir esta tendencia. La rendición de cuentas, la independencia judicial y un combate efectivo a la corrupción deben estar en el centro de cualquier esfuerzo por restaurar la confianza en las instituciones mexicanas.
El futuro depende, en gran medida, de la voluntad política y de la acción coordinada entre los diversos actores en el país. Sin un cambio significativo en la dirección de la gobernanza, los ciudadanos seguirán enfrentando un panorama desalentador, plagado de corrupción y falta de mecanismos efectivos para la protección de sus derechos.
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