La relación de México y Estados Unidos, que nunca es sencilla, está deteriorándose de manera visible. Fricciones económicas, políticas, sanitarias, de inseguridad y de medio ambiente surgidas en las últimas semanas comienzan a derivar en un clima enrarecido en el que, sin duda, México cargaría con las peores consecuencias, habida cuenta la enorme desigualdad que existe en la correlación de fuerzas entre ambos países.
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Entre las tensiones económicas destacan las que derivan del nuevo tratado comercial que incluye restricciones más severas en materia automotriz y en general sobre la industria maquiladora, además de acondicionamientos salariales y laborales más exigentes (con los que Washington intenta tranquilizar a sus propios sectores obreros, otrora afines a los políticos demócratas). Tampoco pueden desestimarse las presiones de algunos intereses empresariales estadounidenses, particularmente en el sector energético, afectados por la contrarreforma impulsada por la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
Más allá de la polémica que pueda despertar la intención del Gobierno mexicano de otorgar al Estado mayor ingerencia y control sobre estos temas, lo cierto es que muchos de los contratos firmados con compañías extranjeras en el sexenio anterior resultan verdaderamente leoninos y han obligado a un replanteamiento que provoca evidentes molestias en las empresas afectadas. Al margen del cabildeo de estos poderosos grupos sobre el Capitolio y la Casa Blanca, les favorece el hecho de que pueden hacer pasar por argumentos ambientalistas algunos de sus intereses. La inclinación del presidente Biden por las energías alternativas y su combate al calentamiento global contrastan con la proclividad del Gobierno obradorista al uso de recursos fósiles. Un motivo de creciente desavenencia entre ambos gobiernos.
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Por ahora la tensión más aguda deriva del tratamiento divergente sobre la pandemia. El cierre de la frontera dictada por el vecino del norte, que afecta a “viajes no esenciales”, trastorna la vida a ambos lados del muro y a pesar de los esfuerzos del Gobierno mexicano, que está vacunando al 100% de los adultos en las ciudades limítrofes, Washington no se ha dado por satisfecho. Peor aún, existe el riesgo de que algún tipo de veto se extienda a zonas que dependen del turismo como el Caribe mexicano o Los Cabos.
Los temas de seguridad pública y combate al narcotráfico tampoco pasan por un buen momento; la DEA aún no se repone de la fricción que generó el caso del exsecretario de la Defensa detenido en Estados Unidos, acusado de tener vínculos con el crimen organizado. La protección que le otorgó el Gobierno mexicano y las fuertes acusaciones en contra de la agencia estadounidense, tildada de intervencionista, generó una molestia que tardará en disiparse.
