A menos de cinco años de alcanzar la meta de la Agenda 2030, México se encuentra en una encrucijada crítica en su camino hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6, que establece la necesidad de garantizar el acceso sostenible al agua y al saneamiento. Aunque el país muestra cierto progreso en algunos frentes, los datos revelan que varios indicadores reflejan retrocesos o estancamiento preocupantes.
Un hallazgo alarmante es que México extrae el 44.95% de su recurso hídrico renovable, una cifra que quintuplica el nivel óptimo recomendado del 12.5%. Adicionalmente, un sorprendente 67.50% de las aguas residuales generadas por actividades humanas se someten a tratamiento, aunque el objetivo ideal establece que esta cifra debería llegar al 100%. Por otra parte, solo el 43.04% de la población tiene acceso a agua potable gestionada de manera segura, y el 62.50% de la población cuenta con servicios de saneamiento adecuados, cifras que deberían ser del 100% para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía.
En contraste, uno de los logros destacados es la cobertura del 99.71% de acceso a agua potable en 2022, un esfuerzo que sigue avanzando hacia la meta del 100%. Este acceso incluye fuentes mejoradas de agua cuya recolección no supere los 30 minutos de ida y vuelta. Asimismo, el 92.52% de la población utilizaba servicios de saneamiento que no son compartidos, aunque persiste un 7.5% de personas sin acceso a estas instalaciones básicas.
El ODS 6 está compuesto por ocho metas específicas, que abarcan desde asegurar el acceso equitativo al agua potable hasta mejorar la eficiencia en su uso. También se enfatiza la importancia de la gestión integral del agua a todos los niveles, destacando la necesidad de cooperación internacional para abordar estos retos que trascienden fronteras.
Sin embargo, a pesar de la alta cobertura, las inversiones en infraestructura hídrica han disminuido drásticamente en años recientes, generando riesgos para la sostenibilidad del acceso al agua en diversas regiones. Expertos en el tema han identificado factores estructurales detrás de esta situación, como la precariedad financiera de los organismos encargados de la gestión del agua y una cultura de pago débil entre la ciudadanía.
El énfasis en un modelo sostenible es crucial. Patricia Hernández, directora de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), sugiere que el reuso de agua tratada podría ser una solución viable. Este enfoque se utilizaría especialmente en sectores como la industria, la agricultura y el riego urbano. Aunque existen ejemplos positivos en el país, la percepción negativa hacia el agua residual representa un reto que debe abordarse.
Además, la participación ciudadana resulta vital. Hernández invoca a los ciudadanos a activar mecanismos de reporte de fugas y a evitar descargas irregulares, lo cual podría fortalecer los esfuerzos de los organismos operativos locales que enfrentan serias carencias.
Por su parte, Francisco Bustamante Ruisánchez, presidente del organismo Agua en México, ha señalado que, a pesar de que en el pasado se lograron altas coberturas, la inversión pública en infraestructura ha experimentado un fuerte descenso. Reitera que el monto actual de 20,000 millones de pesos es considerablemente inferior a la recomendación de 80,000 millones por parte de instituciones internacionales como el Banco Mundial.
La infraestructura hídrica enfrenta desafíos significativos, incluyendo la sobreexplotación de acuíferos y un sistema de monitoreo de calidad del agua que ha visto una disminución drástica en su cobertura. Estas condiciones han comenzado a manifestar sus efectos en la infraestructura urbana, con hundimientos importantes en la Ciudad de México, lo que pone en riesgo incluso monumentos históricos.
De cara a la fecha límite de 2030, no solo se requiere voluntad política, sino también una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como una transformación estructural en los marcos normativos e institucionales que rigen el tratamiento y el acceso al agua. La búsqueda de soluciones integrales se presenta como un imperativo para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso seguro y adecuado a este recurso vital.
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