El gobierno mexicano ha dejado claro que no permitirá que Estados Unidos (EE. UU.) instale centros de atención migratoria en su territorio. Esto se debe a la tensión migratoria que se ha generado en la frontera entre ambos países en los últimos años. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido enfático en señalar que México no es un tercer país seguro y que no se convertirá en un lugar donde EE. UU. pueda mandar a los migrantes que quieran deportar de su territorio.
Como ha sido bien documentado en los medios, la política migratoria del gobierno de EE. UU. ha sido muy restrictiva desde la llegada de Donald Trump al poder en 2016. Uno de los puntos más polémicos de su mandato ha sido la construcción de un muro fronterizo con México, pero lo que es aún más preocupante es cómo trata a los migrantes que intentan cruzar la frontera de manera irregular. La privación de libertad y la separación de familias son solo algunos ejemplos de la política migratoria que ha sido criticada por muchos.
Ante el aumento de la llegada de migrantes a la frontera sur de EE. UU., el gobierno ha propuesto la idea de instalar centros de atención migratoria en México. Sin embargo, esto ha sido rechazado por las autoridades mexicanas y también por la sociedad civil. La idea de convertir a México en un lugar en el que se contenga a los migrantes en su camino hacia EE. UU. va en contra de los derechos humanos y no es la solución al problema migratorio que se vive en la región.
En medio de esta coyuntura migratoria, es importante recordar que hay seres humanos que se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor. México y EE. UU. tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de estos migrantes. No se trata solo de números o de políticas migratorias; se trata de personas que merecen respeto y dignidad en su camino hacia un nuevo hogar.
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