México promueve nuevo pacto para precio del diésel

México se encuentra en un momento crucial frente a la presión económica provocada por el aumento de los precios de los energéticos, exacerbado por el conflicto en Oriente Medio. Durante las últimas semanas, el Gobierno ha implementado estímulos fiscales significativos, destacando un apoyo del 70,28% para el diésel, que se traduce en una reducción de aproximadamente 5,17 pesos por litro. Este esfuerzo busca evitar que el costo del combustible, esencial para el transporte de mercancías, sobrepase los 30 pesos por litro.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha liderado negociaciones con los gasolineros para establecer un precio máximo de 28,3 pesos por litro para el diésel, subrayando su compromiso en moderar las alzas de precios. "Estamos buscando disminuir también el precio del diésel", afirmó, al tiempo que indicó que se están implementando acuerdos adicionales para controlar el costo de la gasolina magna en 24 pesos por litro. Aunque muchos gasolineros han cumplido con este primer acuerdo, la regulación del diésel ha enfrentado mayor resistencia.

Desde el Gobierno, la preocupación se centra en cómo estos aumentos en los precios de los combustibles pueden impactar la inflación, que actualmente se sitúa en un 4,63%. A pesar de que este índice aún no refleja el efecto de la reciente escalada en los precios, el diésel sigue siendo un componente vital en el movimiento de mercancías, representando no solo un desafío en el ámbito del costo de vida, sino también un vínculo crucial en la economía nacional.

El apoyo fiscal a los combustibles no es una opción nueva; ya fue utilizado en 2022, durante la guerra en Ucrania, lo que brinda a los expertos una experiencia valiosa para anticipar que la caída en la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) probablemente no afectará de manera significativa las finanzas públicas en el corto plazo. Sin embargo, México enfrenta un dilema: al importar la mitad de sus combustibles, también es un productor y exportador de crudo. Recientemente, el precio de la mezcla mexicana de exportación superó los 100 dólares por barril, lo que genera ingresos extraordinarios que podrían mitigar el impacto fiscal de estas políticas.

Por otro lado, los analistas de Banamex enfatizan que la carga fiscal que enfrenta el Gobierno por los estímulos a la gasolina y diésel será manejable bajo condicionantes favorables, estimando que solo el 50% del costo fiscal del estímulo a la gasolina magna y un 60% para el diésel serán asimilados por el Estado. Esta estrategia busca prevenir un aumento abrupto en los precios, como ha ocurrido en otros países, mientras se mantiene un enfoque gradual en la regulación.

La Secretaría de Hacienda ha manifestado su optimismo respecto al futuro económico, entregando estimaciones al Congreso que sugieren que el precio del petróleo podría estabilizarse en torno a los 77,3 dólares por barril durante 2026, siempre que el conflicto en la región no se prolongue más de dos meses. No obstante, el entorno permanece incierto, con varios factores interrelacionados, como la guerra en Ucrania y las decisiones políticas en otros países, influyendo en la situación.

En este contexto, el Gobierno mexicano continua buscando medidas para estabilizar los precios de los combustibles, con el objetivo de prevenir que las alzas repercutan en el costo de transporte y producción, y, en última instancia, protejan el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Con estos esfuerzos en marcha, las autoridades esperan que la economía del país se mantenga en una senda de crecimiento estable, estimando que el Producto Interno Bruto (PIB) podría cerrar el año con un aumento de entre 1,8% y 2,8%.

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