El gobierno de México se encuentra inmerso en la polémica tras el anuncio de la apertura de auditorías a contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales están siendo investigados por la justicia de Estados Unidos por supuestas irregularidades vinculadas a sobornos de empresas estadounidenses. En una reciente conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó esta medida como parte de un esfuerzo por combatir la corrupción en el sistema de contratación pública.
La situación se desencadenó el 11 de agosto de 2025, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una causa penal en Texas contra dos empresarios mexicanos residentes en ese país, y siete empresas estadounidenses, alegando que habían ofrecido sobornos relacionados con contratos adjudicados por Pemex. Entre los acusados se encuentra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, quien ya enfrenta detención en Estados Unidos, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien se encuentra prófugo de la justicia.
La magnitud del escándalo se complica al recordar que Ávila Lizárraga fue funcionario de Pemex en administraciones anteriores a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y ha sido vinculado a casos de corrupción en el pasado, incluyendo su inhabilitación por irregularidades al otorgar contratos a la empresa Oceanografía.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que Pemex ya tenía conocimiento de estas investigaciones desde abril de 2024. Mencionó que se están revisando cuatro contratos en particular, cuyo valor total alcanza los 390 millones de pesos. De estos, dos fueron otorgados durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto y dos más se relacionan con eventos posteriores.
Los contratos en cuestión están vinculados a cifras específicas: uno que estuvo vigente de noviembre de 2013 a diciembre de 2020 por 217 millones de pesos, otro de agosto de 2018 a diciembre de 2020 por 89.1 millones de pesos, uno más que duró de marzo de 2020 a diciembre de 2021 por 30.9 millones de pesos, y, finalmente, un cuarto contrato por 52.9 millones de pesos que nunca se formalizó.
Buenrostro también reveló que en la órbita de estas investigaciones figuran tres exfuncionarios de Pemex. Roberto P, que laboró en el área de abasto, ha sido acusado de aceptar sobornos para liberar pagos anticipados por servicios que nunca se prestaron. Juan V, un exfuncionario del área de Mantenimiento y Construcción, también está bajo la mira por recibir sobornos a cambio de contratos. Erick N, que trabajó en el área de Exploración y Producción, presuntamente alteró auditorías y favoreció a empresas a cambio de sobornos.
La funcionaria enfatizó que Pemex tomó la iniciativa de abrir cinco auditorías antes de que estallaran las investigaciones en Estados Unidos, aunque inicialmente no se tomaron medidas concretas.
Ante el panorama que se presenta, el gobierno mexicano procederá a reabrir etas auditorías y buscará sancionar a todas las empresas, funcionarios y exfuncionarios que resulten responsables, con un fuerte énfasis en la recuperación del dinero que, de haber sido robado, deberá regresar al pueblo.
La situación está en evolución y se espera que las investigaciones que se llevarán a cabo en conjunto con Pemex y otras instituciones arrojen resultados claros en cuanto a las responsabilidades y las sanciones a aplicar. El compromiso oficial de combatir la corrupción será un factor clave en los pasos por venir.
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