México rompe la marca de 100 policías asesinados en 2026.

La violencia contra las fuerzas de seguridad en México continúa en niveles alarmantes. Hasta abril de 2026, se han registrado 101 asesinatos de policías a nivel nacional, según datos de la organización Causa en Común. Este fenómeno no solo afecta a las instituciones responsables de la seguridad pública, sino que también socava la capacidad operativa del Estado frente a la creciente amenaza del crimen organizado.

Un elemento sorprendente de esta crisis es la concentración geográfica de los ataques: solo cinco entidades federativas representan 65 de los 101 homicidios. Jalisco se destaca como el lugar más peligroso, con 29 agentes asesinados. Le siguen Sinaloa con 12, Morelos con 10, Estado de México con 8 y Guanajuato con 6. Este patrón sugiere que la violencia no es un fenómeno uniforme, sino que responde a dinámicas locales complejas, muchas de ellas relacionadas con disputas criminales y el control territorial, así como a la presión que enfrentan las autoridades.

Más allá de las cifras impresionantes, el aumento en el número de asesinatos de policías revela un problema estructural que se ha arraigado en el sistema de seguridad pública. Los cuerpos policiales municipales y estatales, que suelen ser la primera línea de defensa contra la criminalidad, se encuentran en una posición de gran vulnerabilidad. La falta de capacitación adecuada, los salarios insuficientes y una institucionalidad débil, junto con la corrupción que permea en algunos ámbitos, agravan su exposición al riesgo.

El incremento de estos asesinatos no es solo un indicador de la inseguridad; es un claro reflejo de la fragilidad del sistema de seguridad pública en todo el país. Sin una atención inmediata a estas cuestiones, las perspectivas para la seguridad en México se tornan sombrías.

Mucho queda por hacer para revertir esta situación crítica y devolver la confianza a los ciudadanos en sus instituciones. La lucha contra el crimen organizado y la protección de quienes arriesgan su vida en el ejercicio de sus funciones requiere de un enfoque renovado que aborde las causas profundas de la violencia.

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