La reciente victoria del Estado mexicano en un arbitraje internacional ha resonado en el ámbito de las inversiones y negocios. En un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Economía, se destacó el éxito en la controversia iniciada por Silver Bull Resources, Inc., una empresa estadounidense que, en junio de 2023, había reclamado más de 315 millones de dólares.
El caso surge en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y fue llevado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una entidad del Banco Mundial encargada de mediar entre inversionistas y Estados. Silver Bull argumentaba que, a través de su filial Minera Metalín S.A. de C.V., había adquirido diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila, entre 1996 y 2002. Sin embargo, sostenía que desde septiembre de 2019, una cooperativa minera local, supuestamente respaldada por autoridades locales, había obstaculizado el desarrollo de su proyecto.
En contraposición, el Estado mexicano defendió su posición afirmando que las autoridades de Coahuila actuaron con cordura ante el conflicto social generado por la empresa. Asimismo, argumentó que las reclamaciones de Silver Bull estaban fuera del alcance del TLCAN y que la compañía no contaba con la capacidad técnica y financiera necesaria para llevar a cabo el proyecto.
El 29 de mayo de este año, el Tribunal Arbitral resolvió de manera unánime a favor de México. En su decisión, desestimó las acusaciones de que el Estado había promovido el bloqueo del proyecto y señaló que no tenía competencia para resolver el caso. Además, los hechos alegados por Silver Bull fueron considerados fuera del período que podría ser examinado bajo el TLCAN, resultando en un orden de reembolso de gastos y costos de arbitraje a favor de México.
Este laudo se considera un hito importante, ya que refuerza la certeza jurídica en el ámbito de las inversiones internacionales, confirmando los límites de las obligaciones asumidas por México en tratados internacionales. Los representantes de México en el caso incluyeron funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas legales Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
El laudo se encuentra en actualidad revisando información que puede ser protegida antes de su publicación, que se realizará en la página del CIADI, donde se podrá consultar información adicional sobre el caso. Esta victoria no solo beneficia a México, sino que también establece un precedente para futuras controversias en el ámbito de inversiones, subrayando la importancia de la legalidad y la defensa ante reclamaciones infundadas.
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