México y Estados Unidos buscan sellar un nuevo acuerdo de seguridad y dejar atrás la llamada Iniciativa Mérida, un programa de cooperación que se remonta al final del mandato de George W. Bush y que en la práctica llevaba años estancado. El secretario de Estado Antony Blinken llega este viernes a México a la cabeza de una delegación que tratará un asunto capital para impulsar las relaciones bilaterales.
Después de abordar un plan para favorecer la reactivación económica hace un mes en Washington, los Gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador exploran ahora la vía para actualizar su agenda común en materia de seguridad.
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La visita de Blinken, que se reunirá con el presidente mexicano y el canciller, Marcelo Ebrard, culmina un ciclo de encuentros preparatorios, mantenidos en los últimos meses, en los que afloraron las prioridades de las dos Administraciones. El objetivo del diálogo, denominado “de alto nivel”, es avanzar en esas conversaciones sobre “la protección de los ciudadanos de EE UU, la prevención de los delitos transfronterizos, la persecución de organizaciones criminales y la promoción de los derechos humanos y del cumplimiento de la ley”, según un comunicado de la Casa Blanca. “Este diálogo llega en un momento en el que las amenazas del siglo XXI son cada vez más complejas y no entienden de fronteras”. Es la primera reunión de este tipo desde que Biden llegó a la presidencia de EE UU, el pasado enero, y se normalizó una situación embarrada por su antecesor, Donald Trump.
El Gobierno de López Obrador lleva meses tratando de enterrar la Iniciativa Mérida, que echó a andar en 2008 y que, pese a incluir unos fondos de 3.000 millones de dólares, fracasó o no resultó suficiente para sostener la estrategia de lucha contra el narcotráfico. México afronta una nueva crisis por el recrudecimiento de la guerra entre cárteles, especialmente en el norte del país, donde la semana pasada fue localizado un campamento con crematorios clandestinos entre Nuevo Laredo y Texas. A eso se añade que en los últimos años Trump nunca tuvo un plan de choque contra el crimen organizado y se centró en contener la migración. Por otro lado, la política de seguridad del mandatario mexicano se rige por un principio que él mismo llamó “abrazos, no balazos”, que cuestiona la prioridad que las Administraciones anteriores dieron a los operativos militares.
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Ebrard aseguró esta semana que México busca que el entendimiento con Washington no sea “tan asimétrico” como hasta ahora. Su equipo llevó a la mesa de negociación previa 10 asuntos que incluyen la reducción de asesinatos, la asistencia jurídica, las extradiciones -que, afirmó, se dan a un ritmo distinto-. Pero, por encima de todo, busca lograr con la Administración de Biden un acuerdo sobre el control del tráfico de armamento. “No me mandes armas, por favor… Lo que queremos es que ya no vengan armas, no que vengan más. El 70% de las armas, como sabemos, provienen de allá”, insistió el secretario de Relaciones Exteriores. En línea con el proyecto político de López Obrador, el Gobierno busca, en definitiva, un marco de colaboración de respeto mutuo y sin injerencias, defienden en Cancillería.
Al encuentro entre México y EE UU acompañan a Blinken el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fiscal general Merrick Garland y otros altos cargos de la Administración estadounidense. “Creo que va a ser muy importante este encuentro.
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Ya cada vez hay más coincidencias en que debemos de atender más lo relacionado con el desarrollo y que el fenómeno migratorio, el problema migratorio, tiene que atenderse creando oportunidades de trabajo, de bienestar, en los lugares de origen de los migrantes”, ha manifestado este jueves López Obrador. En este punto ha habido, hasta ahora, desacuerdo entre ambas Administraciones, ya que México defiende un desembolso directo a los países centroamericanos mientras que la Casa Blanca supedita las ayudas al desempeño de los Gobiernos receptores.
Pero la cita llega con la última manifestación aún fresca de una crisis migratoria crónica; la llegada de miles de haitianos a la frontera con Texas supuso en septiembre una nueva prueba de estrés para la relación entre ambos países, que comparten más de 3.000 kilómetros de frontera. La Administración Biden, preocupada por el avance de la variante Delta del coronavirus, reactivó este agosto el Título 42, que permite la expulsión exprés de migrantes por motivos de salud. Un juez federal paró el 17 de septiembre la aplicación de esa orden.
Biden no pasa por su mejor momento. A los índices de aprobación más bajos (38%) desde su llegada al poder se suman las dificultades para sacar adelante sus planes de recuperación en materia de infraestructuras y de escudo social, encallados en una lucha interna en el partido demócrata entre las alas conservadora y progresista. El presidente de Estados Unidos ha logrado este jueves al menos un respiro con el anuncio de un acuerdo entre demócratas y republicanos que permitirá una prórroga del techo de la deuda. Esto aleja momentáneamente el riesgo de suspensión de pagos en EE UU.
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La política exterior y el trato con México son otro de los frentes. Las relaciones pasaron por momentos de tensión justo antes de la visita de Kamala Harris precisamente por las prioridades discordantes en economía, seguridad, migración y lucha contra la pandemia. Biden se estrenó en enero en la Casa Blanca en medio del malestar generado por el caso del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos.
En septiembre los dos Gobiernos retomaron la mesa de diálogo económico escenificando su cercanía con un encuentro en Washington. Pero ahora todos los focos apuntan a la seguridad, un desafío cada vez más apremiante especialmente tras una larga etapa de inacción.
