La Unión Europea da sus primeros pasos digitales para posibilitar la inclusión de inmigrantes. Bruselas ha decidido financiar con 4,3 millones de euros el proyecto MICADO, cuyo fin es crear una aplicación móvil que permita a una persona recién llegada a territorio comunitario obtener información para incorporarse a los sistemas sociales regulares, en materia de de vivienda, educación, atención médica o trabajo. El programa, en el que participan 15 entidades locales, universidades y empresas tecnológicas busca “poner en contacto la las autoridades y las administraciones y a la sociedad civil y comunidades locales con los solicitantes de asilo, refugiados y otros migrantes” y “permitir una comunicación, orientación y navegación esenciales dentro de sus nuevos entornos de vida”, según reza la web del proyecto.
La aplicación dará esta información en los principales idiomas nativos de los migrantes de una forma cómoda e interactiva, explica el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, José María Álvarez Monzoncillo, uno de los impulsores del proyecto. “No tiene sentido colgar simplemente un archivo PDF con las medidas recogidas en un boletín oficial, eso sería poco viable y no serviría para mucho”. En esta primera fase ―además de los idiomas oficiales de la UE― se han elegido el árabe, el chino y el inglés. Para ello, se ha tenido en cuenta tanto las nacionalidades de los migrantes en cada una de las regiones que participan en el piloto, así como las dificultades percibidas para su aprendizaje.
En Madrid, las nacionalidades extranjeras más presentes son rumanos (18,2% del total), marroquís (9%), chinos (7%), colombianos (4%) y venezolanos (5,4%), según los datos de la Comunidad. “El rumano tiene grandes similitudes con el español por lo que las personas provenientes de Rumanía experimentan habitualmente menos dificultades para aprender rápidamente el castellano. Por ello, el piloto se ha centrado en población de origen marroquí y chino que expresan más dificultades”, explican fuentes de los impulsores del proyecto.
Detrás de este programa están cinco entidades locales (la Comunidad de Madrid, las ciudades de Amberes, Viena, Bolonia y Hamburgo); cinco universidades, una por cada una de estas entidades (en España es la Universidad Rey Juan Carlos) más la Technical University of Vienna; cinco organizaciones como el Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos de la Comunidad de Madrid, el Hamburg Institute of International Economics o la organización tecnológica belga Digipolis, entre otros; y un socio tecnológico: la empresa austríaca Synyo. La Comisión Europea otorgó al proyecto la máxima calificación en 2019.
El desarrollo, sin embargo, no está resultando sencillo. “Nos hemos encontrado con numerosos obstáculos”, explica Álvarez Mozoncillo. En primero lugar tuvimos que definir qué considerábamos un inmigrante, a quién iría dirigida la aplicación”. Además, se han topado con la dispersión de las competencias, que varían según los distintos países, “y no están ni coordinadas ni centralizadas”. También ha habido problemas técnicos, sobre todo en la organización de las bases de datos y los lenguajes de programación sobre los que están construidas. “Un ayuntamiento las tiene en PDF, otro en hojas de Excel…”, cuenta.
Para concluir, está la protección de datos. MICADO recogerá datos personales de los inmigrantes como “antecedentes personales y biográficos de los inmigrantes (educación, habilidades profesionales, etc.)” y los hace accesibles a las autoridades públicas para la provisión de medidas de integración específicas. Esta recopilación, asegura el consorcio, se hará “de forma consensuada”, y para ello ha de tener en cuenta no solo la normativa comunitaria (sobre todo el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP), sino también las leyes locales.
Por el momento viven en la Unión Europea 23 millones de personas de países no comunitarios, el 5,1% de los 447,3 millones de ciudadanos, según los datos de Eurostat. En España esta cifra asciende a 5,8 millones, de los cuales 3,5 millones están en régimen de libre circulación. La nacionalidad más común es la rumana, con algo más de un millón de personas, seguida de la marroquí (811.530) y la británica (381.448). La covid hizo que en 2019 la entrada irregular de personas en la UE se limitase a 124 000, la cifra más baja desde 2013, según los datos de Frontex. El declive de las entradas por el Mediterráneo oriental y occidental contrasta con el fuerte aumento de la llamada ruta canaria, por la que entraron en 2019 más de 22.000 personas, tres veces más que el año anterior. No fue, con todo, la principal vía de entrada, dado que por los Balcanes entraron 27.000 inmigrantes, con un alza del 78%.
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