El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ha recibido un total de 25 quejas por violencia política de género desde el inicio de este 2025. Esta información se dio a conocer durante una sesión ordinaria del Consejo General del IEM, evidenciando un preocupante contexto en el ámbito político estatal.
Entre las quejas, se destacan 13 casos relacionados con la obstrucción del ejercicio de un cargo público. Además, cuatro denuncias se relacionan con la restricción de recursos financieros estipulados para candidatas durante el proceso electoral. Otras cuatro quejas son por violencia digital y simbólica, un fenómeno cada vez más común que requiere atención.
Las denunciantes provienen de diversas áreas del ámbito político: una es consejera de un órgano desconcentrado, dos son diputadas, dos síndicas, seis regidoras, diez candidatas a cargos de elección popular, tres empleadas municipales y una funcionaria cuya posición no se especificó.
En relación con las resoluciones, en tres de los expedientes se impuso una multa a los partidos políticos involucrados, mientras que cinco casos continúan en trámite. De los asuntos gestionados, siete fueron remitidos al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). En este contexto, uno de los casos fue desechado, mientras que seis se resolvieron. Además, cinco expedientes se enviaron a otras instancias competentes.
En cuanto a las sentencias emitidas, se reportaron tres existentes y dos inexistentes, sin remitido a ninguna otra autoridad. Por lo que respecta a medidas cautelares, no se registraron protecciones procedentes; tres se relacionaron con el cumplimiento de medidas y otras tres a impugnaciones.
De las 25 quejas presentadas, los resultados son los siguientes: cinco fueron resueltas, seis desechadas, ocho se encuentran en trámite y seis se han enviado a instancias competentes. De las que han sido resueltas, tres resultaron ser existentes y dos inexistentes.
Este panorama revela un contexto inquietante y exige una atención inmediata a la violencia política de género, la cual persiste como un obstáculo significativo para el ejercicio pleno de los derechos políticos en Michoacán.
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