En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, los magistrados del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) se comprometieron a fortalecer la ética y la equidad en la aplicación de las leyes, con el fin de combatir este fenómeno que, según cifras de 2024, generó pérdidas superiores a 11 mil 900 millones de pesos en México. Este evento, que tuvo lugar en un conversatorio, marcó un espacio importante para discutir los retos de la justicia administrativa en el estado.
La magistrada presidenta, Lizett Puebla Solórzano, enfatizó que el TAAM juega un papel crucial en esta lucha, y llamó a sus colegas a enfocarse en una impartición de justicia que se mantenga a la vanguardia a nivel nacional. La importancia de la capacitación continua fue un punto destacado en las intervenciones, subrayando la necesidad de que los magistrados se actualicen constantemente para garantizar sentencias justas y claras.
Durante el encuentro, se citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo que la existencia de tribunales libres de corrupción depende del respeto al debido proceso y la garantía de plazos razonables en los juicios. Esto implica que, a mayor duración de los procesos, aumenta el riesgo de corrupción en los organismos jurisdiccionales, un problema que preocupa cada vez más a la sociedad.
Los magistrados también abordaron la necesidad de juzgar con perspectiva transformadora, teniendo en cuenta factores como la accesibilidad, la ética institucional y la prevención de desigualdades estructurales. Swany Peña Reyes, titular de la Primera Sala, destacó que esta visión es esencial para que las resoluciones sean comprensibles y cercanas a la ciudadanía.
Carlos Enrique Verduzco Hurtado, magistrado de la Tercera Sala, propuso construir una visión comunitaria contra la corrupción, abogando por el intercambio de recursos y experiencias para enfrentar un problema que parece intrínseco a la naturaleza humana. Para él, la lucha anticorrupción debe ser un esfuerzo social que comience en el hogar y se fortalezca a través de la educación.
En cuanto a la estructura legal, el magistrado Sergio Martínez Ocampo, titular de la Cuarta Sala, señaló que la existencia de un marco jurídico fuerte es fundamental, pero igualmente crucial es la postura crítica de los servidores públicos. En este sentido, anunció que el TAAM trabaja en una propuesta de reforma al Código de Justicia Administrativa para dotar a la lucha anticorrupción de las mejores herramientas jurídicas.
En conclusión, la magistrada Azucena Marín Correa, también del TAAM, dejó una pregunta significativa sobre la congruencia de las leyes con la justicia, invitando a sus colegas a ser íntegros y a generar un cambio real que beneficie a las futuras generaciones. Esta reflexión se traduce en un compromiso colectivo hacia una justicia administrativa más accesible y ética, en una época crucial para el fortalecimiento del estado de derecho en México.
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