Michoacán ha dado pasos significativos en la lucha contra el maltrato y la crueldad animal. Un avance destacado es la creación de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal de la Fiscalía General del Estado (FGE), que cumplió cinco años desde su establecimiento. Este organismo ha sido fundamental para visibilizar el delito, capacitando a agentes del Ministerio Público que inicialmente no tenían conocimiento sobre la tipificación del maltrato animal como delito, que se encuentra vigente desde 2012.
Carlos Maya, miembro de la Asociación de Abogados Animalistas de México (ASAM), subraya la importancia de esta unidad como un logro clave en la defensa de los derechos de los animales. Según sus palabras, la existencia de una unidad dedicada a la lucha contra el maltrato animal es poco común en otros estados, lo que convierte este esfuerzo en un éxito del movimiento animalista.
Además, destaca figuras significativas dentro de la Fiscalía, como Gerardo Rodrigo Jiménez Gutiérrez, quien lidera dicha unidad, y Efraín Omar Guadalupe García, el único ministerio público asignado. La labor de estos individuos se ha traducido en casos relevantes, como el de “Huesitos” en Zitácuaro, donde la abogada Tania Yajaira Rosas ha demostrado un desempeño ejemplar.
También se ha hecho notar que, a diferencia de otras entidades donde los peritos privados pueden costar hasta 25 mil pesos, la Fiscalía de Michoacán ofrece peritos especializados de manera gratuita, facilitando así la persecución de estos delitos para los activistas con recursos limitados. En paralelo, se han llevado a cabo campañas de concientización con carteles que advierten sobre la ilegalidad de tener a los animales amarrados o maltratarlos, promoviendo así una mejor comunicación entre las autoridades y los colectivos animalistas.
Desde el ámbito legislativo, ha habido un incremento en las penas para quienes cometen estos delitos, que ahora van de seis meses a hasta seis años de prisión. Existen actualmente iniciativas que buscan clasificar el maltrato animal como delito grave, lo que podría alentar un tratamiento más serio de estos casos y prevenir que los infractores escapen de sanciones severas.
Maya enfatiza que el movimiento animalista no persigue un conflicto contra la autoridad ni mantiene intereses políticos o económicos; su única meta es promover el respeto hacia los animales. En consecuencia, su próximo paso es solicitar la creación de una fiscalía especializada con más recursos, destinada a fortalecer la lucha contra el maltrato animal en el estado.
Con el potencial de establecer un precedente en la materia, Michoacán se posiciona en la vanguardia de esta causa, buscando institucionalizar la defensa de los derechos de los animales y garantizar que la justicia prevalezca en casos de crueldad animal.
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