La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha emitido una aclaración crucial respecto al exgobernador Silvano Aureoles Conejo: no existe ninguna carpeta de investigación abierta en su contra. Esta afirmación fue realizada por Marisol Sánchez Zamudio, titular de la Unidad Especializada en Combate a la Corrupción. A pesar de las acusaciones que han surgido en el ámbito público sobre posibles actos de corrupción y desvío de recursos durante su mandato, la fiscalía sostiene que no hay investigaciones formales en curso.
Las declaraciones surgen en un contexto donde Aureoles Conejo ha sido acusado de diversas irregularidades, incluyendo la presunta malversación de más de 3,400 millones de pesos y vínculos con la delincuencia organizada. Actualmente, el exgobernador se encuentra prófugo de la justicia, lo cual añade un matiz inquietante a la situación.
Durante su interacción con medios de comunicación, Sánchez Zamudio fue cuestionada sobre posibles conflictos de interés, dado que formó parte del gabinete de Aureoles en su rol como funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública. A pesar de las dudas planteadas, la fiscal insistió en que no hay motivos para excusarse de conocer sobre este periodo, argumentando su larga trayectoria en el servicio público.
No obstante, ella sí señaló que hay diversas dependencias que están bajo investigación en relación a la administración de Aureoles, aunque evitó ofrecer más detalles cuando se le presionó por información adicional. Este silencio, a su vez, genera más preguntas sobre la transparencia en la fiscalización de las acciones pasadas del exgobernador.
Cabe mencionar que, además de las acusaciones por desvíos, Aureoles Conejo enfrenta órdenes de aprehensión por delitos como homicidio y tortura, relacionados con incidentes ocurridos en la comunidad indígena de Arantepacua.
El Gobierno de Michoacán y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han hecho eco de las acusaciones que marcan la controversial administración de Aureoles, pero, irónicamente, la Fiscalía no tiene en curso ninguna investigación formal en su contra. La situación representa un dilema tanto para las autoridades como para la ciudadanía, que continúa demandando claridad y justicia en torno a un tema que ha captado la atención pública.
Con una falta de avances evidentes y el exgobernador todavía prófugo, el futuro de este caso sigue en un limbo, dejando a muchos preguntándose qué sucederá a continuación en este complejo entramado de corrupción y justicia.
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