El exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Bernal Bustamante, permanecerá en prisión preventiva tras la negativa de una magistrada para otorgarle un amparo que le permitiera enfrentar en libertad los severos cargos en su contra. Este fallo llega en el contexto de su detención por la Fiscalía General de la República (FGR) a principios de marzo de 2025, cuando se le imputaron delitos graves como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La investigación a cargo de las autoridades revela un presunto quebranto patrimonial que asciende a aproximadamente 3,412 millones de pesos, relacionado con contratos irregulares para la construcción y arrendamiento de cuarteles de la Guardia Civil. Estos cuarteles, según las auditorías, no estaban operativos al momento de su contratación, lo que arroja sombras sobre la gestión de Bernal Bustamante durante la administración de Silvano Aureoles.
Virginia Jácome Planté, secretaria en funciones de magistrada del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal, argumentó que la defensa del exfuncionario no presentó pruebas suficientes para justificar un cambio en su situación legal. Asimismo, la magistrada destacó que la gravedad de las posibles penas no fue el único factor que justificó la decisión de mantener a Bernal Bustamante bajo prisión preventiva.
Otro aspecto señalad por la juzgadora fue la falta de un domicilio fijo del imputado, lo que genera dudas sobre su capacidad de presentarse a futuras audiencias. Este vacío en su arraigo domiciliario contribuye a la percepción de riesgo respecto a su posible fuga, dados los delitos que enfrenta, que tienen penas de prisión elevadas.
La FGR ha reiterado, en audiencias previas, la seriedad de los cargos que pesan sobre él, subrayando la implicación de otros exfuncionarios en lo que parece ser un caso de corrupción a gran escala. Con esta situación, el entorno político y social de Michoacán sigue atento a los desarrollos del caso, que no solo involucra a Bernal Bustamante, sino que se extiende a una serie de irregularidades que apuntan a prácticas corruptas en la administración pública estatal.
La decisión sobre su amparo es un paso más en el largo camino de justicia que las autoridades buscan establecer en una región marcada por la desconfianza hacia las instituciones. Así, se espera que este proceso contribuya a una mayor transparencia y rendición de cuentas en los asuntos del gobierno estatal.
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