La lucha por la protección del medio ambiente en Michoacán cobra fuerza gracias a la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), quien ha presentado anualmente alrededor de 400 denuncias por delitos ambientales, según declaraciones de su titular, Alejandro Méndez López. Esta estrategia busca no solo emprender acciones legales, sino también proteger a los activistas ambientales, quienes a menudo enfrentan represalias por su labor.
Méndez López ha destacado que, para evitar que los defensores del medio ambiente sean directamente señalados, es la propia Secma la que interponen las querellas ante las autoridades correspondientes. Este enfoque ha resultado en una disminución del acoso a los activistas, quienes anteriormente eran los únicos en dar la cara en la defensa de la naturaleza, exponiéndose a un mayor riesgo.
La dependencia estatal utiliza herramientas de vigilancia satelital para detectar ilícitos ambientales. Mediante esta tecnología, recolectan evidencias que refuerzan las denuncias y simplifican las investigaciones. Desde el inicio del programa Guardián Forestal en 2024, se ha mantenido un promedio constante de 400 denuncias al año.
Entre las acusaciones más comunes se encuentran delitos relacionados con la actividad forestal, incluyendo la tala clandestina, el cambio de uso de suelo y la construcción ilegal de ollas de agua. Estas denuncias se presentan tanto ante la Fiscalía General del Estado como ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El proceso de denuncia se ha automatizado en gran medida gracias a un sistema de inteligencia artificial que genera los formatos necesarios, facilitando así un trabajo más ágil y efectivo. Esto permite que las denuncias sean formalizadas rápidamente, asegurando su tratamiento eficaz por las autoridades competentes.
Méndez López ha identificado áreas críticas en la Sierra-Costa, específicamente en municipios como Aquila, Coahuayana y Tumbiscatío, donde la inseguridad dificulta el trabajo de los defensores del medio ambiente. La dependencia también ha lidiado con disputas en comunidades como El Zangarro, El Terrenate y Piedras Gordas, donde se presentan conflictos por el uso del agua y el cambio de uso de suelo.
Además, hay un enfoque especial en combatir la minería ilegal en Aquila y Coahuayana, una actividad que ha tenido consecuencias severas, incluida la desaparición de personas.
En el marco de los esfuerzos para fortalecer la protección ambiental, la Secma también promueve el Acuerdo de Escazú, un tratado que busca garantizar la participación ciudadana y salvaguardar a quienes defienden el medio ambiente en América Latina y el Caribe. Este acuerdo fue adoptado en 2018 y refuerza la importancia de escuchar las voces críticas en la materia.
Méndez López enfatiza que el propósito principal de la Secretaría es la reparación del daño ambiental, priorizando la restauración de los ecosistemas afectados por encima de imponer sanciones penales o multas.
Es evidente que, con el respaldo de la Secma, la defensa del medio ambiente en Michoacán se fortalece, buscando no solo sanar las heridas del ecosistema, sino también ofrecer protección a aquellos que se atreven a alzar la voz por la naturaleza.
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