El fiscal Carlos Torres Piña ha tomado una medida decisiva en un intento por erradicar las prácticas de corrupción en la Fiscalía General del Estado. A través de la circular 5/2025, Torres Piña prohíbe expresamente a los funcionarios solicitar o aceptar “moches”, es decir, pagos o dádivas a cambio de trámites esenciales. Esta directiva busca asegurar que las víctimas y sus familiares no enfrenten exigencias económicas al intentar acceder a servicios básicos de justicia.
En el documento emitido, se especifica que las solicitudes de denuncias, la obtención de constancias, el regreso de objetos asegurados o incluso la entrega de cadáveres deben realizarse sin ningún tipo de interacciones económicas. Tal prohibición está respaldada por artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reafirmando la importancia de practicar la legalidad, la honradez y el respeto a los derechos humanos.
Torres Piña ha dejado claro que quien viole esta norma se enfrentará a sanciones tanto administrativas como penales, ya que los casos serán trasladados a la Fiscalía de Asuntos Internos o a la Contraloría de la institución. La circular enfatiza que los funcionarios deberán abstenerse de solicitar cualquier tipo de dádiva, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y reforzando la transparencia en el funcionamiento de la Fiscalía.
Este esfuerzo es parte de una serie de acciones que Torres Piña ha implementado desde su llegada al cargo, con el objetivo de construir una Fiscalía que sea más accesible y confiable para la ciudadanía. Al fomentar una cultura institucional libre de corrupción, se busca no solo mejorar la calidad del servicio, sino también restaurar la confianza de la población en las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
La fecha de publicación de esta información es el 25 de agosto de 2025, y se considera relevante en el contexto actual de lucha contra la corrupción en el ámbito público, reflejando el compromiso de las autoridades por garantizar un sistema de justicia más equitativo y dignificante para todos los ciudadanos.
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