Los migrantes que buscan cruzar la frontera sur de México a menudo se encuentran en situaciones extremadamente difíciles en los centros de atención provisional de migración. Un ejemplo es el que se encuentra en Tapachula, Chiapas, donde se contabilizan más de 3,000 migrantes alojados en un espacio que no supera los 300 metros cuadrados.
La situación es aún más crítica dado el contexto de la pandemia del COVID-19. Según el Instituto Nacional de Migración (INM), al menos 43 migrantes en el centro de atención de Tapachula han dado positivo para el virus. Las condiciones de hacinamiento en este centro de detención provisional han provocado la preocupación de organizaciones y activistas de derechos humanos debido a que aumenta considerablemente el riesgo de contagio de la enfermedad.
Los migrantes también sufren de falta de acceso a servicios básicos de atención médica y de higiene, así como a alimentos. Esto ha llevado a algunos a protestar y manifestarse frente al centro de detención provisional. Muchos migrantes también son víctimas de abuso policial y de falta de acceso a asesoría jurídica.
El gobierno de México ha impulsado políticas que buscan contener la migración masiva, incluyendo la reciente implementación de la Guardia Nacional en la frontera sur. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha generado críticas por parte de organizaciones y activistas de derechos humanos, argumentando que exacerbó la situación precaria de los migrantes.
Es importante que los gobiernos y la sociedad aborden este problema de manera urgente, reconociendo la vulnerabilidad de los migrantes y fomentando políticas que respeten los derechos humanos y promuevan la dignidad y el bienestar de todas las personas.
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