La brutal y extensa campaña de represión de China contra la minoría musulmana uigur de Xinjiang adquiere rostro por primera vez. Decenas de miles de fichas policiales, fotografías y documentos oficiales de altos cargos del Partido Comunista de China (PCCh), ofrecen una prueba sin parangón de la magnitud del sistema carcelario instaurado en esta región de la franja occidental china y la paranoia que guía las políticas de Pekín contra las minorías étnicas. La investigación periodística de este archivo, liderada por Adrian Zenz, académico alemán y experto en el análisis de las políticas de opresión china en la zona, en colaboración con 14 medios de 11 países, bajo el título Los archivos policiales de Xinjiang, permite identificar a miles de reclusos de centros de reeducación construidos por China, entre ellos a menores de edad; clasificar los cargos, la mayoría de escasa consistencia, que les mantienen entre rejas; mostrar a través de imágenes tomadas en el interior de las instalaciones las prácticas de detención, interrogatorio y maltrato llevado a cabo por los agentes contra los presos; las instrucciones para el ejercicio policial en los centros propias de la rutina carcelaria, y, finalmente, analizar la transcripción de discursos públicos de los máximos dirigentes del PCCh en Xinjiang, entre ellos su secretario general Chen Quanguo, en los que se apuntala, siguiendo las instrucciones de Pekín, la doctrina de máxima seguridad frente a los presos, a los que se disparará incluso “a matar” si atentan contra los campos o tratan de escapar.
“Detrás de esta represión sistemática”, señala Zenz en conversación telefónica, “está el temor y paranoia expresados por [el presidente chino] Xi Jinping sobre la resistencia de los uigures al intento del Estado de controlarlos”. Según el estudio realizado por este académico, miembro de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, el confinamiento de uigures en campos de reeducación es el “mayor internamiento de una minoría étnica religiosa desde el Holocausto”. Al menos un millón de ciudadanos, la mayoría uigures, han sido encerrados en campos de reeducación repartidos por la geografía de Xinjiang, según una cifra consensuada por periodistas, académicos y Naciones Unidas.
Los archivos policiales de Xinjiang han sido obtenidos por una fuente anónima externa a través de sofisticadas operaciones de intrusión en los sistemas informáticos operados por la Oficina de Seguridad Pública (OSP), la policía china, en los condados de Konasheher, en la prefectura de Kashgar, y Tekes, en la prefectura de Ili Kazakh. El responsable de este hackeo, que prefiere no identificarse por razones de seguridad, ha actuado por iniciativa propia, sin condiciones ni mandato de ninguno de los investigadores involucrados en el proyecto. Los documentos e imágenes han sido verificados por este grupo de periodistas, así como la existencia de tres centros de reeducación de los que se han obtenido los archivos, gracias a un proceso de geolocalización a partir de las fotografías tomadas por los agentes. Hany Farid, profesor experto de la Universidad de Berkeley en el análisis forense de imágenes, ha certificado de igual modo que no hay evidencias de manipulación en los archivos fotográficos.
La prefectura de Kashgar, en la denominada oficialmente Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el vértice fronterizo con Kazajistán y Kirguizistán, es precisamente una de las paradas previstas en el viaje oficial iniciado este lunes por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. La visita a los centros de reeducación para uigures, etnia mayoritaria en esta región de unos 25 millones de habitantes, es una de las demandas fundamentales trasladadas a Bachelet por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos. El Gobierno de Xi reconoció por primera vez la existencia de estas instalaciones en la publicación de un libro blanco (documento de referencia que guía la política estatal) en octubre de 2018. No obstante, Pekín rechaza las acusaciones sobre la represión de las minorías en Xinjiang y defiende que estos centros sirven para la educación y formación de “estudiantes”, que cuentan con libertad de movimiento. El régimen denomina a este tipo de internados carcelarios “centro de educación y formación en habilidades profesionales”.
Un 12% de adultos encerrados
Los archivos policiales de Xinjiang muestran una realidad muy diferente. Sirva de ejemplo, según el análisis de las miles de fichas policiales en Konasheher (el registro de los servicios de seguridad abarca a unos 286.000 ciudadanos, casi toda la población de este condado), analizado el censo en el periodo 2017-2018, se concluye que al menos el 12,3% de la población adulta sufrió algún tipo de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena), o prisiones.
Ante las preguntas sobre el contenido de la filtración, un portavoz de la Embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, ha manifestado en un correo electrónico lo siguiente: “Los asuntos de Xinjiang está relacionados, en esencia, con la lucha contra el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo, no los derechos humanos o la religión. Frente a la grave y compleja situación contra el terrorismo, Xinjiang ha tomado una serie de medidas de desradicalización decisivas, sólidas y efectivas. Como resultado, Xinjiang no ha visto ningún caso de terrorismo violento durante varios años seguidos”.
Tras la publicación de los documentos, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin, ha tachado este martes las informaciones de “un nuevo ejemplo de las fuerzas antichinas de calumniar a China”. “No es más que una repetición de un vuejo truco”, ha considerado en la rueda de prensa diaria de su ministerio. “Esparcir rumores y mentiras no logrará engañar al mundo, ni puede tapar el hecho de que Xinjiang disfruta de estabilidad y prosperidad, y sus residentes disfrutan de unas vidas felices y plenas”, ha sostenido, reiterando el argumento con el que Pekín responde a las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Xinjiang.
Esta investigación periodística se une a otra media docena que desde el año 2019 tratan de dar prueba de la magnitud de la campaña de represión sistemática del régimen comunista contra los uigures, etnia que en su gran mayoría profesa el islam. Xinjiang, que hace frontera hacia el oeste con siete países del Asia Central, es de especial relevancia para Pekín, en primer lugar, por ser lugar de paso en su renovada ruta de la seda, y, en segundo lugar, por razones de seguridad: la denominada China interior está copada, tanto en la esfera social, como en la política y económica, por la mayoritaria etnia han. Esta región, ubicada en la zona oriental de la histórica Turquestán, entre el mar Caspio y el desierto del Gobi, con una historia y cultura ligada a los pueblos túrquicos, de rasgos faciales diferenciadores en relación con los han, ha mantenido un tradicional anhelo de autonomía que Pekín ha rechazado hasta su práctica aniquilación.
El traslado de ciudadanos de la etnia han, en un esfuerzo de modificar la demografía de Xinjiang, derivó a finales de la primera década de este siglo en fuertes enfrentamientos. Uno de los episodios más sangrientos fue el choque entre las comunidades uigur y han en julio de 2009 en Urumqi, capital de la región, que se saldó con alrededor de 200 muertos. Tras varios atentados de grupos separatistas armados, Xi dio luz verde en mayo de 2014 a la campaña de nombre Golpe fuerte contra el terrorismo violento, en la que se enmarca la actual escala de represión en toda la región.
El ciudadano uigur Abdurahman Hasan es uno de las personas que ha confirmado la veracidad de las fichas policiales al identificar a su mujer durante una entrevista mantenida en Estambul (Turquía) con la británica BBC News, que forma parte del grupo de medios detrás de esta investigación. Hasan, un hombre de negocios de Kashgar, que viajaba con frecuencia al extranjero, una actividad que habitualmente levanta sospechas en Pekín, abandonó Xinjiang en enero de 2017, en plena campaña de represión. En el verano de ese año, su mujer, Tunsagul Nurmemet, entonces de 21 años, fue detenida, junto a la madre de Hasan. Según consta en su ficha, Nurmemet fue condenada por “reunir una multitud para alterar el orden social, buscar peleas y provocar problemas”. “Su vida se basó en su familia y tampoco interactuaba mucho con los demás”, explicó Hasan durante la conversación en la ciudad turca. “Ella solo visitaba familiares, no sé si tenía muchos amigos. No tenía una gran red social, ¿Cómo pudo reunir una multitud?”. Su sentencia asciende a 16 años de encierro.
El retrato obtenido a partir de Los archivos policiales de Xinjiang muestra a una Nurmemet irreconocible en relación con la foto de carné disponible hasta ahora en bases de datos de uigures víctimas de la represión china. Según la información que recibió Hasan en aquel verano de 2017, su mujer y su madre habían sido “llevadas a estudiar”.
Esta versión, la del estudio, coincide con muchas otras escuchadas por familiares de los desaparecidos . Así fue con Nursiman Abdureshid, de 33 años, entrevistada por Columna Digital también en Estambul. Sus familiares aparecen en fichas de la policía en la prefectura de Kashgar. En el verano de 2017, Abdureshid, que residía ya en Turquía desde hacía dos años, conoció gracias a una llamada a unos parientes que su padre y su hermano pequeño habían sido llevados a un “programa de educación”. El mayor de sus hermanos se encontraba ya desde 2016 encerrado por una supuesta deuda no cubierta. Le pidieron que no llamara más, que sus familiares estaban bien. En junio de 2020, Abdureshid logró que la embajada china en Turquía confirmara las penas impuestas, todas superiores a una década entre rejas. “Pregunté cuáles eran las razones por las que les habían condenado”, relata durante la entrevista Abdureshid, “y me dijeron que por ‘perturbar el orden social’ y que podrían tener la intención de participar en actividades terroristas”. El padre de la joven había sido funcionario del Estado y miembro del PCCh. Ella cree que su salida de Xinjiang, sumada a la de su otra hermana, que vive en EE UU, desató las sospechas y la represión contra su familia.
Los archivos policiales de Xinjiang cuentan también con decenas de fotografías tomadas por las autoridades y servicios de seguridad en el condado de Tekes, en la prefectura de Illi Kazakh. Una treintena de esas imágenes, tomadas entre abril de 2017 y septiembre de 2018, corresponde a escenas tomadas en el interior del centro de reeducación de ese condado. A diferencia de lo expuesto públicamente por Pekín, la acción de los agentes dentro de las instalaciones, su armamento y el trato de los reclusos dista enormemente de lo que se espera de un centro de formación profesional.
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