A dos semanas de la segunda vuelta de las presidenciales, decenas de miles de peruanos han salido a las calles para manifestarse en contra de la candidata conservadora, Keiko Fujimori. Los manifestantes se unieron a las protestas en 22 regiones del país para reprobar la postulación de la hija de Alberto Fujimori, a quien la Fiscalía acusa de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia por los aportes millonarios no declarados de la constructora brasileña Odebrecht y de otras empresas durante sus campañas de 2011 y 2016. Los peruanos en el extranjero realizaron plantones similares en Sídney, Bruselas y París, entre otras ciudades. Según los sondeos, Fujimori está cuatro puntos por debajo del maestro rural Pedro Castillo, el candidato de izquierda por el partido Perú Libre.
Además de la acusación a la líder del partido conservador Fuerza Popular, para quien la Fiscalía ha pedido 30 años de prisión, su padre y tres exministros de Salud del Gobierno de Alberto Fujimori enfrentan acusaciones por delitos contra la vida y lesiones graves causadas a mujeres esterilizadas contra su voluntad en la década de los 90. Un juez debe decidir si abre el juicio en las próximas semanas y la candidata presidencial ha anunciado que indultará a su padre si gana las elecciones.
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La marcha organizada por los deudos de las víctimas del régimen del autócrata Alberto Fujimori y activistas de derechos humanos ha tenido su mayor convocatoria en la capital este sábado. Los lemas “Fujimori nunca más” y “Keiko no va” acompañaron una fuerte demanda anticorrupción. “Queremos ver a los corruptos presos, no en Palacio (de gobierno)”, “No se corra de la justicia, señora K”, decían algunos de los carteles.
Por primera vez en la última década, la investigación por las esterilizaciones forzadas del Gobierno no ha sido archivada, sino que el fiscal sigue adelante en una causa que incluye a 1.307 mujeres. Sin embargo, los organismos de derechos humanos —basados en información estatal— calculan que unas 300.000 personas fueron esterilizadas sin consentimiento, con engaños o bajo presión de perder ayudas sociales o de ser denunciadas.
“No se les puede negar justicia a las personas que han sido asesinadas y esterilizadas por el fujimorismo. Hay que tener memoria: no podemos permitir que nos gobiernen personas que se niegan a reconocer estos hechos”, dijo Paola, licenciada de Ciencias Sociales de 34 años, durante la manifestación. “Estoy contra su candidatura porque de ganar, Keiko Fujimori no solo entorpecerá el proceso judicial, sino que indultará a su padre y los procesos judiciales podrían ser alterados”.
La masiva marcha en Lima siguió la ruta de similares movilizaciones realizadas contra Fujimori en 2011 y 2016. Esta vez, los deudos y familiares de víctimas de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, crímenes por los que el expresidente cumple una sentencia de 25 años de prisión, encabezaron la movilización. A esta se sumaron estudiantes universitarios, colectivos LGTBI, ciclistas, organizaciones culturales, grupos políticos de izquierda, gremios de trabajadores y activistas contra el sistema privado de pensiones que impuso el gobierno de Fujimori.
Martín, un empleado del sector turístico, portaba un barbijo con la frase “No a las AFP” y caminaba llevando una banderola verde estridente que decía: “No a Keiko”. “Estoy aquí porque durante el Gobierno de su padre el ministro de Economía Boloña implantó el sistema privado de pensiones que nos ha perjudicado”, comentó el ciudadano de 30 años.
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