El reciente secuestro, asesinato e inhumación clandestina de trabajadores de la compañía minera canadiense Vizsla Silver Corp en Concordia, Sinaloa, ha puesto de relieve una cruda realidad: la creciente inseguridad que enfrenta la industria minera en México. Esta situación, alimentada por extorsiones y otros crímenes, repercute no solo en los costos de producción de las empresas, sino también en la percepción del país como un destino viable para la inversión.
No es un secreto que el cobro de “derecho de piso” es una práctica común en el sector minero mexicano. Investigadores en materia de delincuencia organizada han destacado desde hace años que las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos mediante extorsiones. A principios de 2014, el entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, reveló que la extorsión a empresas mineras dedicadas a la extracción de hierro era una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel de Los Caballeros Templarios. Según informes de esa época, dicho cártel imponía un “impuesto” de 15 dólares por cada tonelada métrica de hierro exportada a través del puerto de Lázaro Cárdenas, generando ingresos anuales cercanos a los siete millones de dólares.
Más de una década después, la Cámara Minera de México (Camimex) señala que las empresas operando en zonas remotas continúan siendo blanco de diversos delitos, desde robos en instalaciones hasta asaltos en el transporte de materiales. En su informe anual de 2025, aunque no se menciona la extorsión de forma explícita, se estima que los delitos que afecten al sector pueden representar hasta un 5% de los costos totales y hasta un 7% en pérdidas, lo que repercute en las condiciones de inversión y, por ende, en la competitividad de la industria.
La situación obliga a las empresas a destinar recursos significativos a medidas de seguridad. Camimex reporta que para 2024, las compañías del sector destinaron 105.7 millones de dólares a seguridad privada, una cifra que podría aumentar a 108.7 millones de dólares al finalizar 2025.
El ambiente de inseguridad también se refleja en evaluaciones internacionales. Según el Instituto Fraser, que consulta a empresas e inversionistas del sector, la seguridad en México es la variable peor evaluada. En 2023, el país fue colocado en el lugar 74 de 86, una caída dramática desde el 37 de 62 que ocupó en 2022, lo que representa una pérdida de 23 puntos. Esta degradación en la competitividad se atribuye a la activa presencia de cárteles y a la falta de protección por parte de las autoridades.
En respuesta a esta preocupante situación, Camimex ha propuesto establecer un diálogo constante con las autoridades responsables de la seguridad, con el fin de abordar situaciones específicas y generar condiciones preventivas que ayuden a reducir la criminalidad que afecta al sector. La inseguridad no solo pone en riesgo a los trabajadores y a la industria, sino que también amenaza la confianza de los inversionistas en un país que necesita urgentemente consolidar un entorno seguro para fomentar el desarrollo económico.
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