“Inaceptable”, afirmó el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Joaquim Leite, al comentar los datos sobre el 22% de aumento de la deforestación en la Amazonia, el mayor en 15 años. A raíz de la COP26, la conferencia de prensa concedida por Leite junto al canciller Carlos França en la última semana de noviembre marcó un cambio en el discurso ambiental del Gobierno de Jair Bolsonaro, del que nunca había salido una sola queja acerca del tema. Sin embargo, semanas después de declararse “sorprendidos” por los datos, los funcionarios del Gobierno siguen actuando de la misma manera que en los últimos tres años. En este momento, una acción coordinada entre el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, las bancadas ruralistas en el Congreso Nacional y las empresas mineras está acelerando al máximo cuatro proyectos de ley para cambiar las normas de protección ambiental en el país.
Uno de los cambios pretende facilitar la explotación de garimpos, como se conoce la minería extractiva generalmente ilegal, y permitir la ocupación ilegal de terrenos públicos. Al mismo tiempo, el brazo militar del Ejecutivo, esta vez reflejado en la figura del ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno. Ha autorizado el inicio de proyectos de explotación de oro en siete áreas de la región forestal más protegida de la Amazonia, conocida como “cabeza de perro”, en el noroeste del Amazonas.
Organizaciones no gubernamentales y representantes de comunidades indígenas
Han hecho varias advertencias sobre los ataques que se vienen desatando al final del tercer año del Gobierno de Bolsonaro. El más reciente salió a la luz después de que un informe del periódico Folha de São Paulo revelara que el general Heleno autorizó siete proyectos de explotación de oro en los alrededores de la ciudad de São Gabriel da Cachoeira. El permiso le competía a Heleno en su condición de secretario ejecutivo del Consejo de Defensa Nacional. Un órgano consultivo de la Presidencia de la República que debe pronunciarse sobre la ocupación de este territorio, situado a menos de 150 kilómetros de una frontera. São Gabriel da Cachoeira está en las proximidades de Colombia y Venezuela. En la localidad se concentran cerca de 45.000 indígenas de 23 pueblos.
Todavía hay que dar al menos otros dos pasos para que los garimpeiros se adentren en este territorio de 12.700 hectáreas. La primera es una autorización de la Agencia Nacional de Minería. La segunda sería conseguir la licencia ambiental, que debería conceder el Instituto de Protección Ambiental do Amazonas (Ipaam), un organismo estatal, es decir, ni federal ni nacional. El Ibama sólo autoriza proyectos en tierras indígenas, en unidades de conservación ambiental o en terrenos que se dividen entre dos o más estados, lo que no es el caso.
El movimiento realizado por Heleno
Este movimiento pone de manifiesto cómo actúan los militares en el Gobierno. Mientras el vicepresidente Hamilton Mourão es designado para dirigir el Consejo Nacional de la Amazonia Legal. Donde reitera el papel de la protección del medio ambiente, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) actúa en una dirección diferente. Parece un juego acordado, a juicio de quienes conocen el funcionamiento de la institución militar. En la práctica, ambos acaban actuando de forma similar.
Esta ocupación del territorio, en la práctica, no tiene en cuenta el impacto social y medioambiental que las empresas mineras suponen para el entorno. Hay consenso entre los profesionales del sector en que la actividad minera, por muy cuidadosa y regulada que esté, nunca dejará el lugar como estaba antes. Siempre supone algún nivel de daño, ya sea al suelo, a la vegetación o a la población circundante. Hay varios informes de pueblos indígenas con exceso de mercurio —utilizado en la minería— en sus cuerpos en las zonas de explotación.
Las comunidades indígenas
Los indígenas que viven en la región prometen resistir y buscar medios legales para impedir la explotación minera. “En los años 80 y 90 conseguimos sacar balsas de garimpeiros del Río Negro. Ahora vamos a luchar para que los garimpos no se instalen aquí”, dijo a el país Marivelton Baré, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Río Negro (FOIRN). Según él, al menos cuatro de las siete zonas autorizadas por el GSI lindan con tierras indígenas. En la práctica, todas acabarían afectando a sus territorios. Ya que, para la explotación minera, es necesario deforestar y utilizar productos que degradan la fauna, la flora y los ríos. “No parece que tengamos un general-ministro, sino un general-garimpeiro”, ironiza Baré.
En las últimas semanas, en territorio nacional o en eventos fuera del país. El Gobierno ha dado discursos en los que se garantiza el refuerzo del control de la deforestación. En esa línea abundaron el vicepresidente Mourão y el ministro Joaquim Pereira Leite. La falta de poner en práctica el discurso ha llevado a resultados opuestos hasta ahora. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales ha registrado que la tasa de deforestación en la Amazonia Legal brasileña ha aumentado un 21,97 % en un año. Entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 se taló un total de 13.235 kilómetros cuadrados de bosque. Es la cifra más alta de los últimos 15 años.
Puedes seguir a Columna Digital en Facebook y Twitter, o visitar nuestra pagina oficial.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
