Los 719 de Cananea exigen justicia a la presidenta de México
Un grupo de trabajadores mineros conocido como “Los 719 de Cananea, Sonora” ha hecho un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como al partido Morena, para que tomen medidas enérgicas contra el diputado Napoleón Gómez Urrutia. Su demanda es que Gómez Urrutia solicite una licencia legislativa hasta que se resuelva un prolongado litigio que lo involucra a él y a su sindicato en un laudo que obliga al pago de 55 millones de dólares a los ex trabajadores.
Los mineros han estado luchando por más de 20 años para que los recursos adeudados, que oficialmente están destinados a ellos, sean finalmente entregados. Este largo proceso ha cobrado un nuevo impulso tras la reciente decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que, en un nuevo laudo emitido el 28 de marzo, reafirmó que el Sindicato Minero de Gómez Urrutia debe cumplir con el pago.
Luis Espinoza Mendoza, uno de los ex trabajadores, señaló la gravedad del asunto y argumentos contundentes respecto a la ética de Gómez Urrutia en su papel como legislador. Al respecto, afirmó que, dada la magnitud del laudo que condena a su sindicato al pago de esta cifra millonaria, el actual diputado debería presentar su licencia y apartarse de su cargo hasta que se cierre este caso. Espinoza también recordó que la sencilla ausencia de Gómez Urrutia como responsable solidario en el nuevo laudo no cambia la situación, ya que se ha mencionado que su familia tiene acceso a los fondos del sindicato en el transcurso de más de seis décadas.
El litigio en cuestión no es nuevo. La JFCA ha dictado decisiones similares en cinco ocasiones, todas ellas condenatorias hacia el Sindicato Minero, incluidas las últimas instancias legales que confirmaron la obligación de pago. Los trabajadores manifestaron su frustración ante la prolongada espera por la justicia que les corresponde, que proviene de la venta de Mexicana de Cananea a Grupo México, quien se comprometió a entregar a los trabajadores un 5% de participación accionaria.
A pesar de la formación de un fideicomiso en 2005 para manejar estos recursos, este fue disuelto por el propio Napoleón Gómez Urrutia, lo cual generó un vacío de confianza y ha alimentado las quejas de los trabajadores.
Esta situación subraya un conflicto laboral que no solo gira en torno a cifras monetarias, sino a años de lucha por derechos y justicia para un grupo que ha sido sistemáticamente marginado. Los ex trabajadores insisten en que, por razones de salud, ética y sentido común, es imprescindible que Gómez Urrutia pida licencia hasta que este litigio llegue a su fin.
Es un momento crucial para estos trabajadores que buscan no solo un pago justo, sino también reconocimiento y reparación de un conflicto que ha marcado sus vidas durante dos décadas. La resolución de este caso podría sentar un precedente para futuras disputas laborales y sindicales en el país.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
