El Ministerio de Ciencia ha publicado la reforma de la ley de la ciencia con la que pretende mejorar la situación laboral de los investigadores jóvenes y eliminar las trabas burocráticas que llevan años lastrando el trabajo de los científicos hasta el punto de no poder comprar ni sillas.
“Entre 2011 y 2016 se perdieron más de 5.000 puestos de investigadores y un elevado número de personas se vieron obligadas de establecer su carrera fuera de España”, reza el preámbulo de la reforma, que acaba de ser publicada. Hasta el 26 de enero habrá plazo para que los colectivos del sistema de ciencia español conozcan el borrador y se incluyan modificaciones. Posteriormente, el texto será aprobado por el Consejo de Ministerios y comenzará su tramitación parlamentaria.
Esta reforma es el gran proyecto de la ministra de Ciencia, Diana Morant, que lo hereda de su antecesor en el cargo, Pedro Duque. Este año Morant manejará un presupuesto “histórico” de 3.843 millones de euros gracias a los fondos extraordinarios llegados de la UE. Sus tres principales objetivos, tal y como anunció en su toma de posesión, serán crear oportunidades, retener el talento y devolver la ilusión a la comunidad científica, castigada por una financiación insuficiente y una maquinaria burocrática ineficaz que ha llevado a muchos investigadores a emigrar.
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El objetivo primordial de la reforma es mejorar las condiciones de trabajo de los científicos más jóvenes. La norma crea un “contrato indefinido” para “reducir la precariedad”. Hasta ahora muchos científicos y personal técnico han ido encadenando contratos temporales durante años e incluso más de una década, cuando ya rebasaban de largo los 30 y 40 años. Este nuevo contrato indefinido “no está sujeto a tasa de reposición y no necesita de autorización previa y puede beneficiar a miles de investigadores que hoy en día están con contratos temporales en universidades, centros de investigación y fundaciones y consorcios”, según fuentes del Ministerio de Ciencia.
La reforma crea un nuevo contrato de acceso al sistema público de I+D+i. Será de entre tres y seis años de duración y se aplicará en universidades públicas y organismos, fundaciones y consorcios del sector público. Los beneficiarios tendrán derecho a indemnización, algo que no se daba antes, y deberán pasar una evaluación intermedia para conseguir la estabilización. Asimismo, la norma dispone que los investigadores predoctorales contratados tengan derecho a una indemnización cuando se les acabe el contrato. El texto también define la nueva carrera para el personal técnico y reformula la figura de “investigador distinguido” para intentar atraer grandes cerebros a España, algo ya previsto en la ley de 2011.
La modificación de la norma también intenta paliar las enormes trabas burocráticas que aún aquejan a algunos centros de investigación, hasta el límite paradójico de que no pueden gastar los fondos que consiguen y deben devolverlos. A partir de la aprobación de la reforma “la justificación de subvenciones de manera general se realizará en forma de cuenta justificativa simplificada y la comprobación será por muestreo sin que resulte precisa la verificación de la totalidad de ayudas o subvenciones concedidas”, según el ministerio. También se dan más facilidades para transferir la cuota de España a organismos y programas internacionales. Estas no tendrán que contar con el visto bueno de Hacienda ni la aprobación del Consejo de Ministros cuando no superen los 50.000 euros.
La nueva ley hará también énfasis en la transferencia de conocimiento e intentará potenciar la contribución del sector privado a la inversión en investigación. El texto por ejemplo reconoce el tiempo dedicado por investigadores en proyectos de transferencia tecnológica conocidos como “sexenios de transferencia”. También se posibilita que las instituciones públicas puedan invertir en transferencia de conocimiento imitando casos de éxito como sociedades de capital riesgo vinculadas a universidades, según el ministerio.
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