La reciente reforma a la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha levantado un nutrido debate entre constitucionalistas y académicos. Los expertos Juvenal Lobato y Gerardo Hurtado, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han señalado que esta propuesta resulta “más regresiva y restrictiva que benéfica”.
La única nota positiva, según los especialistas, radica en la digitalización del juicio de amparo. Este avance, que busca regular de manera más clara el proceso en línea establecido desde 2013, es considerado un paso adelante. Sin embargo, los expertos también expresaron su preocupación por los riesgos que la reforma implica en términos de limitar los derechos de los gobernados.
Lobato argumenta que, aunque las decisiones del Ejecutivo deberían ser revisadas por el sistema de justicia, la reforma parece favorecer la no fiscalización de estas decisiones. Según el experto, es esencial que todas las decisiones, incluso las emitidas por el Ejecutivo, sean sometidas a un juicio de amparo.
Por su parte, Hurtado enfatizó que la mejora en la regulación del juicio en línea no debe convertirse en una cortina de humo que oculte el verdadero propósito de la reforma: reducir los efectos de suspensión que se pueden otorgar a los ciudadanos al impugnar actos de autoridad. La capacidad de los gobernados para obtener suspensiones cautelares mientras se resuelven sus juicios de amparo es vista como una garantía fundamental, que, de acuerdo con Hurtado, está en riesgo.
La propuesta también ha generado críticas por su enfoque en el incumplimiento de sentencias. Lobato advirtió que, con la nueva reforma, las multas por no cumplir con una sentencia de amparo recaerán en los órganos, no en los funcionarios responsables. Esto podría alentar a las autoridades a desatender estas sentencias, ya que no enfrentarán consecuencias personales directas, dejando a los contribuyentes cargando con el costo de las multas a través de los presupuestos gubernamentales.
Otra cuestión polémica es la modificación relacionada con el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Aunque se puede entender el razonamiento detrás de estas medidas, los expertos advierten que podrían afectar a personas que no están involucradas en delitos como el lavado de dinero. La falta de posibilidad de suspensión provisional en estos casos podría llevar a situaciones injustas, obligando a los ciudadanos a demostrar la legalidad de sus fondos bajo presiones que provocan dudas sobre la inocencia presunta.
En este contexto de reformas, los especialistas coinciden en que el enfoque del Ejecutivo podría estar creando un poder más fuerte, limitando herramientas cruciales para la defensa de los derechos de los particulares. En la opinión de los expertos, se requiere un enfoque más preciso y justo en la regulación, para evitar que se adopten medidas que, aunque puedan parecer efectivas en un primer momento, terminen perjudicando a la ciudadanía en general.
La discusión sobre esta reforma y sus implicaciones sigue cobrando relevancia, mientras se perfila el camino para su aprobación por parte del Congreso, dejando incertidumbre sobre el futuro del sistema de amparo en México.
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