Metidos de lleno en la digitalización hay que procurar entender la tecnología lo mejor posible y así poder tomar decisiones políticas con toda legitimidad democrática. Posiblemente si hubiéramos prestado más atención a las redes sociales en sus primeros años, podríamos haber sido capaces de orientarlas en una mejor dirección y evitar los problemas que han surgido en nuestro sistema de convivencia. La decisión a tomar ahora por los Estados es el lanzamiento, o no, del dinero digital.
El pasado 9 de marzo el presidente Joe Biden decidió coger el toro por los cuernos, promulgando una orden ejecutiva dirigida al director de su Oficina de Política Científica y Tecnológica para que en un plazo de 180 días le presentase un informe detallado sobre “Desarrollo responsable de los activos digitales”. Por fin, este tema deja de ubicarse en el mundo de los bancos centrales para situarse, vía ciencia y tecnología, en el máximo nivel político aunque, razonablemente, se pida consultar a otras ramas de la Administración y a los representantes de trabajadores y empresarios. La Casa Blanca se interesa por siete aspectos claves de la compleja relación entre digitalización y política:
a) Protección de consumidores, inversores y empresas, incluyendo la privacidad y la seguridad de los datos.
b) Estabilidad financiera e integridad del sistema financiero.
c) Lucha y prevención de la delincuencia y de las finanzas ilícitas.
d) Seguridad nacional.
e) Capacidad para ejercer los derechos humanos.
f) Inclusión financiera y equidad.
g) Demanda de energía y cambio climático.
Detrás de esta orden hay una duda tecnológica, legítima y trascendente, suscitada a partir del “éxito” del bitcoin, una herramienta de especuladores, propia del anarcocapitalismo, cuyo funcionamiento ya genera tanto CO2, como un país del tamaño de Suecia. El bitcoin, más allá de la pulsión de sus compradores, es una pieza tecnológica brillante, aunque ambigua desde su artículo seminal, en 2008, que incorporó dos significados distintos y alteradores del lenguaje. Por un lado es una criptomoneda (un vale o muestra inmaterial de algo, token en el argot) cuyo registro utiliza criptografía, computacionalmente muy compleja, para controlar la propiedad, y la propia creación de tales tokens; por otro, un sistema de pago basado en un Libro de Contabilidad Digital que prescinde de la existencia de un banco central o de un administrador único. La tecnología de la red de pagos que alimenta y valida este Libro de Contabilidad lo conocemos como blockchain, un sistema de gestión de base de datos descentralizada basada en el encadenamiento de bloques de información que se gestionan tras alcanzar un cierto consenso entre los participantes. Hablamos tanto de una criptomoneda, como de una Base de Datos que mantiene el secreto del usuario, alimentada por unos “mineros” que trabajan a comisión, sin que les importen demasiado las preocupaciones expresadas por Biden.
Blockchain ha evolucionado en dos direcciones. Una sigue enfocándose como la plataforma subyacente para el bitcoin, al tiempo que se ha convertido en la plataforma para la gran cantidad de criptomonedas, tokens digitales y otros criptoactivos creados desde entonces. La otra se centra en el uso de blockchain como una base de datos distribuida y confiable para aplicaciones de carácter privado (cadenas de bloques en las que la participación está restringida a las instituciones que realizan transacciones entre sí como son las cadenas de suministro, los servicios financieros y la atención médica) o público a las que cualquiera puede unirse, un requisito obvio si hablamos de una moneda del Estado, por lo que requieren un tipo de prueba para conseguir el consenso de cada operación muy sólido. Por distintas razones en cada caso bordeamos las responsabilidades de un Estado moderno.
La pregunta que Biden plantea es: ¿Puede el blockchain soportar la emisión del dólar digital, dando respuesta a las siete sectores que son objeto de sus preocupaciones? Modestamente me atrevo a adelantar que la respuesta que recibirá la Casa Blanca será negativa, pero “doctores tiene la Iglesia” del país que ha creado toda la innovación digital que conocemos. No puede pedirse al blockchain, como ocurre con otros aspectos de la digitalización, que cumpla misiones que hasta ahora hemos adjudicado al Estado y por tanto es al nivel de la responsabilidad democrática donde habrá que situar los debates y “arreglos” que nos esperan.
En tiempos de tanta crisis, si el lector no desea especular financieramente, conviene que no se deje marear demasiado, tanto por falsos profetas de la tecnología, como por los responsables financieros que solo ven sus necesidades sectoriales en debates como este, incluso deberían revisar sus palabras cuando se dirijan a los ciudadanos que todavía recuerdan los desastres que permitieron hace tan pocos años entre su propio gremio.
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