Una empresa venezolana con sede en Colombia se ha convertido en un nuevo caballo de batalla. La lucha por el control de la compañía Monómeros augura un conflicto doble: por un lado, entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, que negocian en México un acuerdo para salir de la crisis; por otro, entre los Ejecutivos que presiden Nicolás Maduro e Iván Duque, enemigos acérrimos que no necesitan de mucho para encender una mecha candente desde que el colombiano llegó al poder.
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Maduro ha lanzado en las últimas semanas una ofensiva en defensa de la empresa de agroquímicos Monómeros y con esta, ha aumentado los ataques a Colombia. La compañía, con sede en Barranquilla, es uno de los activos que se entregó al líder opositor Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente de Venezuela. Maduro pretende incluir el control de Monómeros en las negociaciones con la oposición en México bajo el argumento de que si la empresa está bajo control de su Administración representaría una importante entrada de divisas para Columna Digital. “Monómeros debe volver a sus dueños”, ha repetido el presidente, cuyas palabras han ido subiendo de tono en la medida en que Colombia ha dado señales de no estar de acuerdo con soltar la empresa.
El tema empezó a moverse en agosto cuando el Gobierno de Venezuela convocó a productores a una reunión en Caracas para pedirles que se sumaran a la campaña que había emprendido para que Monómeros vuelva a estar bajo su control, con la promesa de darles acceso a fertilizantes. “Si todo se está poniendo en su lugar, Monómeros debe volver a sus dueños, a su empresa matriz, Pequiven, para que todos los productos de Monómeros vengan a Venezuela a contribuir en la recuperación económica integral del país”, ha dicho el mandatario en las últimas semanas. Maduro acusa recurrentemente a Guaidó de “haberse robado” la refinería Citgo y Monómeros, que es el principal proveedor en Colombia de fertilizantes y tiene un lugar importante en la industria de alimentos para animales.
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Monómeros es un objetivo que el Gobierno venezolano intentará llevar a la mesa de negociaciones en México, para lo que ya ha dado pasos concretos. Este viernes, la delegación chavista acusó en un comunicado a la oposición reunida en la mesa “y sus patrocinadores extranjeros” de “sabotear, condicionar y evadir los compromisos del memorándum de entendimiento”. Para el Gobierno, se intentan desentender del caso de Monómeros y también Citgo, cuando uno de los acuerdos suscritos refiere “a buscar vías concretas para rescatar el patrimonio, recursos y activos de la República y restaurar el derecho soberano de Venezuela a los mismos”, señalan en el texto.
Antes de esta declaración, el chavismo ya había lanzado un dardo para amenazar a Guaidó. A principios de esta semana, el fiscal Tarek William Saab abrió una nueva investigación por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir, a propósito de lo ocurrido con Monómeros. La justicia actúa luego de semanas de señalamientos de Maduro al líder opositor, a quien acusa del robo de la empresa y malos manejos en supuesta complicidad del presidente Iván Duque.
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Guaidó, por su lado, anunció que solicitará una nueva auditoría externa a Monómeros y aseguró que la posesión de la empresa continúa en manos de Venezuela. “Como hemos hecho con todos los activos, haremos los esfuerzos para recuperarlos de la mano de un aliado importantísimo como es Colombia”. Señaló que tras la renuncia de Carmen Elisa Fernández la junta será reestructurada.
El reconocimiento de Duque a Guaidó —como consecuencia de su desconocimiento al mandato de Maduro— fue lo que permitió que la oposición venezolana tomara control de la empresa hace dos años. En medio de esta guerra por los activos venezolanos entre el Gobierno de Maduro y el interinato de Guaidó, el mes pasado PDVSA vendió su participación de 49% en la Refinería Dominicana de Petróleo PDV (Refidomsa) para cumplir compromisos de la deuda externa. En esa transacción de la que se supo apenas por un comunicado divulgado en Twitter por el ministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami, República Dominicana quedó como única dueña de este complejo. El Gobierno dominicano aseguró que las sanciones estadounidenses sobre la estatal venezolana y el régimen de Maduro habían complicado el acceso a créditos internacionales y los vínculos de la empresa con proveedores.
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El debate sobre Monómeros tensa la ya difícil relación entre Maduro y Duque. Colombia aseguró hace unas semanas que el atentado al helicóptero en el que viajaba el presidente el pasado junio se había planeado en Venezuela. El entonces ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, respondió y acusó a Duque de usar su país para ocultar la “tragedia” colombiana. Duque señala a Venezuela como refugio de disidentes de las FARC y tropas del ELN y Maduro asegura que Colombia busca entorpecer los diálogos con la oposición en México.
Sobre el nuevo pulso entre los dos países, el presidente colombiano apenas ha lanzado un par de mensajes en Twitter. “El retorno de la democracia a Venezuela es fundamental y cualquier acuerdo que consolide la dictadura será una tragedia continental que solo fomentará el éxodo y la miseria”, escribió Duque.
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En Barranquilla, el gerente de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, fue más directo: “La supuesta ‘entrega’ de Monómeros no puede ser considerada como un prospecto serio por los gobiernos de la región, ni está en la agenda de las discusiones que actualmente se sostienen en México con los grupos que conforman la oposición al régimen venezolano”, respondió en un comunicado la gerencia de la empresa a los reclamos de Maduro a inicios de septiembre. En la misma semana, la Superintendencia de Colombia anunciaba que tomaría control de la compañía al considerar necesario ejercer una supervisión sobre la empresa en procesos administrativos y jurídicos “susceptibles de mejora”.
Maduro interpretó la medida tomada en Bogotá como una incitación a la confrontación. “El Gobierno de Colombia ordenó el allanamiento y asalto de nuestra empresa en Colombia, Monómeros, nuestra empresa de fertilizantes, para crear una provocación que generara una reacción de nuestra parte y se rompiera el diálogo”, aseguró indignado después de conocerse la noticia. Maduro insiste en reclamar la empresa para beneficio de los venezolanos, pero lo cierto es que cuando Monómeros estaba bajo el control del chavismo, el campo venezolano tampoco tenía insumos. Con la expropiación de Agroisleña en 2010 —de empresarios españoles con décadas en el país— el Gobierno comenzó a monopolizar todos los materiales agrícolas. Los productores tenían que pasar por el filtro estatal de la nueva Agropatria, a la que se sumó la empresa militar Agrofanb y Agrosur. A la vuelta de una década la producción agrícola se redujo a menos de la mitad en rubros fundamentales como el maíz y la caña de azúcar, con graves consecuencias sobre la seguridad alimentaria de los venezolanos.
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Antes de que Monómeros pasara a manos de Juan Guaidó y la junta ad hoc que designó para su operación, la empresa venía supliendo las fallas de su empresa matriz Pequiven que hoy, por el avanzado deterioro, es mucho más pequeña que su filial en Barranquilla, según el experto petrolero Rafael Quiroz. Pese a que el año antes del cambio en la gerencia había reportado pérdidas y había reducido su capacidad, la empresa provee a 40% de los productores colombianos y 70% de los caficultores y exporta a 50 países.
En 2020 -en plena pandemia-, Monómeros generó más de 15.000 empleos y sus utilidades fueron de 32.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a 8,3 millones de dólares, un crecimiento de más de un 200% con respecto al año anterior.
Voceros del campo colombiano ven la disputa en la que está la empresa como un riesgo para el sector, pero dudan de que aun si la compañía quedara en manos de Maduro la operación deje de centrarse en territorio colombiano. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, ha dicho al diario El Colombiano que esté en manos de quién esté, Colombia seguirá siendo el mercado principal ante la profunda crisis económica de Venezuela.
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La estatal Pequiven, filial de Monómeros, ha sufrido el mismo desplome de la industria petrolera por malos manejos, corrupción y falta de mantenimiento. Como producía cantidades insuficientes de urea y nitrógeno, Monómeros auxiliaba regularmente con unas 5.000 toneladas mensuales de fertilizante NPK hasta que en 2015 Venezuela y Colombia cerraron sus fronteras, según fuentes del sector agrícola.
Desde entonces, la escasez de agroquímicos se hizo mucho más grave. En diciembre de 2018, Maduro designó a Ronald Ramírez como presidente de Monómeros, un hombre con carrera en la industria petroquímica pero vinculado a empresas de Alex Saab, el empresario colombiano que mientras espera en Cabo Verde la extradición a Estados Unidos fue propuesto para integrar la mesa de diálogo. El 30 de enero de 2019, con Guaidó ya juramentado como presidente interino, Ramírez fue inadmitido en Colombia cuando se disponía a ejercer su cargo por sus vínculos con el régimen de Maduro, que Iván Duque desconoce. El laberinto institucional venezolano apenas comenzaba.
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Asfixiado por la crisis económica y alimentaria, el gobierno chavista finalmente estiró la cuerda en 2020 a los productores y les dio los permisos para importar directamente los insumos que durante una década estuvieron vetados para los privados. Lo mismo que le ha tocado a Maduro hacer con otros sectores económicos en los que ha levantado los controles. Entre el año pasado y este se han podido importar 110.000 toneladas de fertilizantes desde Rusia, Turquía y Estados Unidos. “Es un esfuerzo privado de nuestras asociaciones de productores, porque Pequiven y Agropatria están quebrados”, dice Celso Fantinel, presidente de la patronal de agricultores Fedeagro.
Monómeros no llega todavía a la mesa de diálogo con la oposición en México, pero el delegado del Gobierno, el diputado Jorge Rodríguez, ya ha dado señales de cómo será el tono del debate que se retomará en persona en una semana. “Monómeros pertenece al Estado venezolano y cualquier actuación que tome el Gobierno de Duque es un robo flagrante”, ha dicho Rodríguez, que también es presidente de la Asamblea venezolana.
