Maestros y padres de familia han levantado su voz en defensa del Colegio Lancaster en Morelia, presentándose en la “Tribuna del Pueblo” para denunciar serias irregularidades en su cierre. La inconformidad se centra en condiciones laborales y financieras que han dejado a muchos en una situación vulnerable.
Los docentes han manifestado que algunos de ellos perciben sueldos que están por debajo del salario mínimo, a pesar de estar formalmente registrados ante el IMSS con ingresos que superan el mínimo legal. Este desajuste pone de manifiesto un claro problema en la gestión de la educación en la región.
Por su parte, los padres de familia, acompañados por Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informaron que recibieron un aviso digital solicitando el pago anticipado de las colegiaturas, en un intento por asegurar que el ciclo escolar se llevaría a cabo sin contratiempos. Muchos padres accedieron a este requerimiento, desembolsando entre 6 mil y 11 mil pesos, y algunos, incluso, pagaron todo el ciclo escolar por adelantado. Ahora, se enfrentan a la incertidumbre respecto a posibles reembolsos.
Además, han surgido problemas en torno al acceso a los certificados de fin de curso, ya que algunos padres enfrentaron dificultades para obtener estos documentos, mientras que otros solo recibieron versiones digitales. Por otro lado, los docentes denunciaron ser presionados para firmar documentos de manera apresurada, sin haber recibido todavía sus finiquitos.
La situación ha llevado a Valencia a considerar acciones legales para abordar las irregularidades. Sin embargo, ha manifestado que aguardarán la llegada de un nuevo Fiscal General del Estado antes de proceder formalmente con las denuncias, a raíz de la reciente renuncia de Adrián López Solís.
Es un panorama complejo que afecta tanto a maestros como a padres, poniendo en tela de juicio la estabilidad del Colegio Lancaster y las circunstancias que rodean su cierre inesperado. Mientras los involucrados buscan respuesta, la comunidad educativa continúa en pie de lucha, exigiendo justicia y transparencia en una situación que ha dejado a muchos con múltiples interrogantes.
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